El Gobierno de Milei reglamentó el procedimiento derivado del DNU 366/2025. Los hospitales nacionales facturarán las prestaciones no urgentes a quienes no tengan residencia permanente. Las emergencias siguen garantizadas para todos. La medida afecta a cerca del 6% del total de pacientes.
Nuevo capítulo del ajuste sobre el sistema sanitario. El Gobierno de Javier Milei reglamentó el procedimiento que habilita a los hospitales nacionales a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros no residentes. Además, la disposición ya entra en vigencia y se enmarca en el DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones. Según datos oficiales, la medida alcanza a cerca del 6% del total de pacientes.
Para La Plata, el impacto directo es acotado: la mayoría de los hospitales de la ciudad son de gestión provincial (Rossi, San Martín, Sor María Ludovica). Sin embargo, el Hospital Posadas —de referencia nacional— sí queda alcanzado, junto con otros centros administrados por el Estado nacional. En consecuencia, la Provincia de Buenos Aires podría, en el mediano plazo, evaluar si replica el esquema o se mantiene por fuera.
Extranjeros no residentes: cómo será el sistema de facturación
La resolución se formalizó en el Boletín Oficial bajo el nombre de «Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional». Por lo tanto, unifica el criterio para todos los hospitales nacionales del país.
El esquema funciona así:
- Si el paciente cuenta con seguro de salud, el hospital facturará el costo a la aseguradora.
- Si el paciente no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención.
Además, la norma aclara que la medida no altera el acceso a la salud de quienes tienen residencia permanente en el país. Por otro lado, tampoco afecta la atención de emergencias, que sigue garantizada de manera universal.
Qué se considera emergencia y qué queda exceptuado
La atención de emergencias sigue garantizada para todas las personas, sin importar su situación migratoria. Además, la propia norma aclara que «no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos».
Según el anexo publicado por el Ministerio de Salud, se considera emergencia toda situación que implique riesgo cierto e inminente para la vida o para funciones vitales. En consecuencia, quedan comprendidas:
- Infartos.
- Accidentes cerebrovasculares (ACV).
- Traumatismos graves.
- Hemorragias masivas.
- Emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales.
Sin embargo, una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora, según corresponda. Por lo tanto, la excepción se limita al momento crítico, no a la totalidad del tratamiento.
Extranjeros no residentes: el marco legal y político
La reglamentación deriva del DNU 366/2025, que introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones. En efecto, el decreto fue uno de los pilares de la agenda migratoria del Gobierno nacional. Además, se enmarca en la estrategia oficial de «recuperación de costos» para el Estado nacional, un eje transversal a distintas áreas.
Desde el Gobierno señalaron que la medida busca «establecer reglas claras para recuperar los costos de las prestaciones brindadas a extranjeros no residentes, sin afectar la atención inmediata ante situaciones de emergencia ni el acceso de quienes tienen residencia permanente».
Por otro lado, la iniciativa despertó críticas de organizaciones sociales y de derechos humanos. En consecuencia, se abre un debate sobre la aplicación efectiva del criterio, especialmente en zonas de frontera y en centros de alta complejidad.
El impacto en el sistema de salud
Los datos oficiales muestran que los extranjeros no residentes representan cerca del 6% del total de pacientes atendidos en hospitales nacionales. Sin embargo, ese porcentaje se distribuye de manera desigual según la geografía y la especialidad de cada centro.
Además, la medida llega en un momento donde el sistema de salud público atraviesa una crisis presupuestaria fuerte. Los hospitales universitarios —Clínicas, Posadas— reportan meses de funcionamiento acotado por falta de fondos operativos. Por lo tanto, cualquier ingreso adicional será visto con interés por las administraciones sanitarias.
Sin embargo, la implementación efectiva del cobro genera dudas prácticas: cómo verificar residencia, cómo calcular tarifas, cómo articular con aseguradoras internacionales. En efecto, la puesta en marcha real puede llevar tiempo hasta que cada hospital adapte sus circuitos administrativos.
La foto local: hospitales provinciales fuera de la medida
En La Plata, los principales centros de referencia son de gestión provincial y, por lo tanto, no están alcanzados por la resolución nacional. El Hospital San Martín, el Hospital Rossi, el Hospital de Niños Sor María Ludovica y otros establecimientos dependen del Ministerio de Salud bonaerense y siguen su propio marco normativo.
Sin embargo, el Hospital Posadas —de gestión nacional, ubicado en El Palomar pero de referencia para toda la Provincia— sí queda alcanzado. Además, la Universidad Nacional de La Plata cuenta con centros vinculados al sistema público que podrían quedar involucrados según cómo se interprete la norma en cada caso.
Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, mantiene una política de acceso universal al sistema sanitario. En consecuencia, cualquier movimiento provincial en este sentido implicaría un giro fuerte respecto de la línea histórica del peronismo bonaerense.
Si la implementación de la medida se estabiliza en los próximos meses, la Provincia de Buenos Aires deberá definir si mantiene su modelo universal o si evalúa mecanismos similares para sus hospitales. Además, el debate abre un frente político nuevo entre Nación y Provincia sobre gestión sanitaria y cobertura. En La Plata, el sistema público seguirá siendo garantía de atención universal, pero el impacto sobre el Hospital Posadas y el debate sobre la salud pública en clave nacional van a marcar la agenda en el corto plazo. En definitiva, la medida instala una discusión que trasciende lo administrativo: se juega el modelo de salud pública que el país quiere sostener.
