El caso de la “usina de facturas truchas” en La Plata no solo expone un sofisticado esquema de evasión fiscal, sino que también pone en cuestión la integridad de las instituciones públicas. La conexión de Natalia Foresio y Luis Cortazzo con la Legislatura bonaerense y el PRO añade una capa de complejidad política que promete mantener este escándalo en el centro de la agenda.
Un escándalo de proporciones sigue sacudiendo a la ciudad de La Plata tras la detención de Natalia Romina Foresio, una contadora de 48 años acusada de liderar una red de emisión de facturas apócrifas por más de $4.000 millones. La investigación, que involucra a más de 100 empresas y se extiende por varias provincias argentinas, tomó un giro inesperado al revelarse que tanto Foresio como su esposo, Luis Mauricio Cortazzo, habrían ocupado cargos como asesores en la Legislatura bonaerense, con presuntos vínculos al partido PRO. Este caso, que combina evasión fiscal, lavado de activos y posibles conexiones políticas, pone en jaque la transparencia de las instituciones públicas.
El entramado de las facturas truchas
La investigación, iniciada en mayo de 2024 tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI), destapó una organización delictiva que operaba desde hacía cuatro años. Según las autoridades, Foresio encabezaba una red que generaba facturas falsas para inflar gastos y créditos fiscales, afectando tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Este esquema, que involucraba principalmente a empresas del sector de la construcción, habría permitido a más de 100 firmas evadir impuestos a gran escala, con un perjuicio fiscal estimado en $4.000 millones.
Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo en 17 inmuebles de La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Trelew, Esquel, Rawson y la Ciudad de Buenos Aires. Durante los operativos, se incautaron $186.900.000, US$348.000, un millón de pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas, además de documentación contable y archivos digitales que comprometen a la red. La investigación también apunta a empresarios de obra pública sospechosos de inflar presupuestos en licitaciones, lo que podría derivar en cargos por defraudación a la administración pública.
El vínculo con la Legislatura y el PRO
El caso tomó un giro político cuando se descubrió que Natalia Foresio percibía haberes como asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, mientras que su esposo, Luis Cortazzo, ocupaba un cargo similar en la Cámara de Senadores. Según fuentes periodísticas, ambos estarían vinculados al PRO, el partido liderado por Mauricio Macri, lo que generó un revuelo mediático y político en la región.
Este no es el primer escándalo que relaciona a la Legislatura bonaerense con casos de corrupción. El caso de Foresio y Cortazzo recuerda al de Julio “Chocolate” Rigau, un puntero político acusado de defraudar al fisco mediante un esquema de “ñoquis” legislativos, donde personas cobraban salarios sin prestar servicios. La revelación de que Foresio y Cortazzo, procesados por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, figuraban en la nómina de asesores, pone bajo escrutinio la contratación en la Legislatura y las posibles conexiones con el PRO.
La investigación también halló pruebas de maniobras financieras sofisticadas. Desde el domicilio que Foresio compartía con Cortazzo, cercano al hospital San Martín de La Plata, se emitieron facturas apócrifas. Además, se detectaron movimientos bancarios sospechosos, como la puesta en circulación de $100.805.603 en cuentas de Foresio y US$57.800 provenientes de la venta de una membresía vacacional en Estados Unidos. Los investigadores también encontraron documentación de la compra de un vehículo Fiat Toro Volcano y una “Residencia Universitaria” que habría servido como base para las operaciones ilícitas.
En el ámbito político, el caso reavivó el debate sobre la transparencia en la contratación de asesores legislativos. Mientras el PRO no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones, fuentes cercanas al partido aseguran que se está revisando la situación de los contratos de Foresio y Cortazzo. Por su parte, la oposición ha exigido una investigación exhaustiva para determinar si los cargos en la Legislatura fueron utilizados para facilitar las maniobras ilícitas.
Un caso en desarrollo
Actualmente, Natalia Foresio permanece detenida y enfrenta cargos por liderar una asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Su esposo, Luis Cortazzo, junto a otros dos implicados, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, fueron excarcelados, pero con restricciones para salir del país. La justicia tiene en la mira a unos 140 involucrados, y no se descarta que surjan nuevos nombres en las próximas semanas.
El juez Kreplak continúa analizando la documentación incautada, que incluye comprobantes emitidos desde empresas fantasma como Lantex Textil SA, IHIGHWAY SA y Abra Maestro 14 y 42 SRL. La investigación también busca determinar si las maniobras de la red tuvieron un impacto directo en licitaciones de obra pública, lo que podría derivar en cargos adicionales por defraudación al Estado.
