Los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado en La Plata volvieron a reclamar que la investigación avance y denunciaron que la creación de la Comisión Investigadora en el Congreso quedó paralizada por maniobras políticas. Según remarcaron, la demora compromete el derecho a la verdad y la posibilidad de determinar responsabilidades políticas en una tragedia que dejó al menos 96 muertos, 15 de ellos atendidos en el Hospital Italiano platense.
Reclamo por parálisis legislativa
En un comunicado difundido la última semana, las familias cuestionaron que el debate en el Parlamento no avanza por trabas deliberadas. “La parálisis de este tema no responde a limitaciones técnicas, sino a una decisión política enmascarada”, advirtieron, señalando que el oficialismo combina un discurso público de reconocimiento con la falta de acciones concretas.
El eje de la disputa está en qué comisión debe tratar el expediente. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, decidió que la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, sea la que encabece el análisis, aunque históricamente estos proyectos recaen en la de Peticiones, Poderes y Reglamento. Esa decisión terminó bloqueando el avance, ya que Mayoraz no convocó a la comisión y tampoco sus autoridades suplentes.
Las familias también apuntaron contra Mayoraz y contra José Luis Espert, titular de Presupuesto, por no habilitar proyectos que no provienen del oficialismo. Según denuncian, Asuntos Constitucionales se convirtió en un “pívot de bloqueo institucional” que posterga cualquier resolución.
Plazos al límite
El comunicado advierte que el tiempo legislativo corre en contra: el 10 de diciembre se renuevan bancas en la Cámara de Diputados, lo que deja sin margen para cumplir con los 90 días de investigación previstos en los proyectos en discusión. Incluso si el tema fuera emplazado en una sesión especial, el proceso de dictaminar en ambas comisiones y constituir la Comisión Investigadora podría demorar hasta 20 días. “La comisión corre serio riesgo de no llegar a funcionar nunca”, remarcaron los familiares.
La investigación judicial en La Plata
Mientras tanto, en la Justicia la causa está en manos del juez federal Ernesto Kreplak. Ya son 17 los imputados, entre directivos, técnicos y empleados de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A., sospechados de haber producido las ampollas contaminadas del lote 31202. Ese lote fue el que, según la investigación, estaría vinculado directamente con la muerte de al menos 96 personas.
Además, familiares advierten que podrían existir más víctimas que aún no aparecen en los registros oficiales. Uno de esos casos es el de Leonel Ayala, un joven de 32 años de Florencio Varela. Su hermano Alejandro, abogado y vocero de las familias, fue quien firmó el comunicado en el que piden urgencia y voluntad política para que la Comisión Investigadora no quede en el camino.
