La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado sigue en ascenso y ya dejó 97 muertes confirmadas en el país, según el recuento judicial, casi el doble de las cifras que reconoce oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación. El caso, que comenzó en Rosario y se expandió a varias provincias, dejó en evidencia las fallas de control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y abrió una interna política en el propio Gobierno de Javier Milei.
En Santa Fe, epicentro de la tragedia, se confirmaron siete nuevas muertes en el Sanatorio Diagnóstico de la capital provincial, mientras que en Rosario se habían registrado otras ocho en dos clínicas privadas. También se sumaron nueve víctimas en Bahía Blanca, tres en Formosa y una en Córdoba, completando los 20 nuevos decesos reportados esta semana. Las víctimas van desde adultos mayores internados en estado delicado hasta pacientes que ingresaron para cirugías de bajo riesgo y recibieron fentanilo como anestesia.
Fallas de control y demoras fatales
Los lotes 31.202 y 31.244 del fentanilo adulterado —fabricados en diciembre de 2024 por el Laboratorio Ramallo, controlado por HLB Pharma— contenían bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Sin embargo, recién el 8 de mayo la ANMAT emitió la alerta, más de tres meses después de que hospitales de Rosario detectaran las primeras intoxicaciones.
En ese lapso, el producto siguió circulando en el sistema de salud, generando nuevas infecciones. Según fuentes judiciales, la trazabilidad de los casos está incompleta: muchos de los fallecimientos se conocen porque las familias o sanatorios privados aportan la información directamente al juzgado del juez federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, que lleva la investigación.
Para las autoridades locales, la demora de la ANMAT y la ausencia de un registro nacional unificado no son hechos aislados, sino parte de un proceso de desmantelamiento de organismos de control que se profundizó con el actual Gobierno.
Interna en el gabinete de Milei
La tragedia escaló políticamente cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, responsabilizó directamente a la ANMAT y, por extensión, al ministro de Salud, Mario Lugones, por su manejo del caso. “La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”, declaró Sturzenegger en una entrevista radial.
El funcionario apuntó contra Lugones por bloquear un plan que buscaba permitir a las provincias importar medicamentos sin autorización de la ANMAT, lo que hubiese roto el monopolio de los laboratorios nacionales. El cruce expuso tensiones internas en el Gobierno, que hasta ahora intentaba vincular el caso con el kirchnerismo y desviar la atención del desempeño de sus propios organismos de control.
Familias movilizadas y causa en La Plata
En paralelo, familiares de las víctimas se organizan para visibilizar el caso. Este martes, padres y allegados de pacientes fallecidos se reunieron con el juez Kreplak en los tribunales federales de La Plata para conocer avances de la investigación. Además, preparan una segunda marcha frente al Hospital Italiano de Rosario, uno de los centros donde se registraron intoxicaciones.
La Justicia también investiga la procedencia de nueve muertes en Bahía Blanca cuya vinculación con el fentanilo adulterado aún no está confirmada. Según fuentes oficiales, ya fueron incautadas todas las ampollas distribuidas en el país, aunque resta determinar si hubo filtraciones o usos previos no reportados.
El empresario en el centro de la polémica
El dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, se defendió públicamente negando que las muertes estén vinculadas a su producción. Sostuvo que todo responde a una “operación mediática” impulsada por su exsocio, el exdiputado provincial Andrés Quinteros, a quien acusó de filtrar información y perjudicarlo deliberadamente durante una década.
Furfaro reconoció que en los lotes se detectaron bacterias, pero sostuvo que no pueden ser vinculadas directamente con los decesos porque —según él— son comunes en la mayoría de los sanatorios. Además, insinuó que los filtros de producción pudieron haber sido manipulados intencionalmente.
Mientras tanto, la causa avanza en los tribunales de La Plata y la cifra de víctimas podría seguir creciendo en los próximos días. El caso no solo deja al descubierto una crisis sanitaria sin precedentes recientes, sino también una combinación peligrosa de negligencia estatal, pujas políticas y un sistema de control debilitado.
