Más de 33.000 ampollas de fentanilo adulterado fueron aplicadas a pacientes graves antes de la alerta de ANMAT. La Justicia investiga a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y evalúa responsabilidades penales por una tragedia que podría ser aún mayor.
El sistema sanitario argentino enfrenta uno de los episodios más graves de los últimos años. Más de 33.731 ampollas de fentanilo contaminado con bacterias fueron aplicadas a pacientes internados con patologías severas antes de que la ANMAT emitiera la alerta nacional que prohibió su uso y comercialización. El medicamento, elaborado por Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma SA, está vinculado hasta ahora con la muerte de 68 personas, mientras que otros 20 casos continúan bajo análisis judicial.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, lidera la investigación que busca determinar las responsabilidades penales de los involucrados en la producción y distribución del lote 31202, fabricado en diciembre de 2024 y con vencimiento en septiembre de 2026. Las ampollas, contaminadas con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, fueron distribuidas en hospitales y clínicas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.
Entre los sospechosos figuran 24 personas, incluyendo al empresario Ariel García Furfaro, sus familiares y directores técnicos de los laboratorios. A todos ellos se les dictó la prohibición de salida del país y el embargo de bienes. La Justicia sospecha que muchas muertes no fueron registradas oficialmente, lo que podría ampliar el alcance del caso.
Uno de los episodios más conmovedores es el de Giovanni, un bebé cordobés que lucha por su vida tras recibir una dosis del fentanilo contaminado. Su historia, como la de otros pacientes, no figura en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), lo que complica el seguimiento epidemiológico.
Mientras se recuperan los lotes restantes —más de 45.000 ampollas están en depósitos judiciales y otras 11.000 aún deben ser localizadas—, el escándalo pone en jaque los controles sanitarios y expone fallas estructurales en la fiscalización de medicamentos críticos.
La pregunta que sobrevuela el expediente judicial es tan urgente como incómoda: ¿cuántas vidas se perdieron por negligencia, y cuántas podrían haberse salvado?
