Tras la aprobación de la comisión especial en Diputados, los allegados de las 96 víctimas del fentanilo adulterado emitieron un comunicado en el que advierten que la definición de sus integrantes y presidencia será “decisiva” para garantizar justicia y evitar impunidad.
Los familiares de las víctimas platenses del fentanilo contaminado volvieron a alzar la voz. En un comunicado difundido este fin de semana, exigieron que la comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados avance con transparencia y compromiso. “El próximo paso será decisivo: definir a sus integrantes y, sobre todo, a quién ejercerá la presidencia”, expresaron.
El mensaje, cargado de dolor y firmeza, pone el foco en la etapa clave que se abre tras la aprobación unánime del cuerpo legislativo. La comisión tendrá 31 miembros, representación de todos los bloques y facultades para solicitar informes, convocar funcionarios y elaborar un informe final antes del 9 de diciembre de 2025.
96 muertes, una megacausa y el temor a la dilación
La tragedia del fentanilo contaminado ya se cobró 96 vidas en hospitales de La Plata, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y CABA. Los familiares denuncian irregularidades en laboratorios como Ramallo y HLB Pharma, destrucción de pruebas, desaparición de materias primas y la inacción de organismos como ANMAT e INAME.
“La gravedad de esta megacausa es ineludible”, remarcaron. Temen que la comisión se convierta en una herramienta de dilación política si no se define con criterios éticos y técnicos. “No queremos una comisión decorativa. Queremos verdad, justicia y transparencia”, señalaron.
Diputados bajo presión: consensos, tensiones y nombres en juego
La creación de la comisión fue votada a mano alzada, con apoyo transversal de todos los bloques. Sin embargo, el proceso estuvo atravesado por maniobras dilatorias del oficialismo, especialmente desde la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz (LLA), quien evitó dictaminar el tema durante semanas.
Ahora, el desafío es definir quién presidirá el cuerpo. Desde el colectivo de familiares advierten que ese rol será clave para garantizar que la investigación avance sin obstáculos. “No queremos que la comisión sea capturada por intereses partidarios”, advirtieron.
Justicia, memoria y control: lo que está en juego
La comisión investigadora tendrá la misión de reconstruir la cronología del brote, determinar responsabilidades en el sistema sanitario público y privado, y evaluar el rol de los laboratorios implicados. También podrá convocar a funcionarios y solicitar informes sin restricciones.
Para los familiares, este proceso no es solo institucional: es humano. “Cada familia atraviesa el duelo en soledad. Necesitamos que el Estado esté presente, que escuche y que actúe”, concluyeron.
