En una jugada política que expuso la fragilidad de los discursos anticorrupción y la vigencia de pactos subterráneos entre fuerzas enfrentadas en lo discursivo, el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia fue rechazado en el Senado de la Nación por apenas un voto.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados desde febrero, buscaba impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos vinculados a la administración pública pudieran presentarse como candidatas. Con 36 votos a favor y 35 en contra, no se alcanzó la mayoría absoluta (37 votos) que exige la Constitución para este tipo de reformas.
La clave del traspié estuvo en el sorpresivo cambio de posición de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes del Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira. Ambos legisladores habían anticipado su apoyo al proyecto, pero en el recinto votaron en contra sin dar explicaciones durante las casi siete horas de sesión. El proyecto, de este modo, perdió estado parlamentario y no podrá tratarse nuevamente en lo que resta del año, despejando el camino para una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
El revés generó reacciones inmediatas desde el oficialismo libertario. El presidente Javier Milei expresó su descontento en redes sociales con un escueto “Lamentable”. Su vocero y precandidato en CABA, Manuel Adorni, reforzó la narrativa polarizante con un mensaje que Milei compartió: “Ahora más que nunca: es kirchnerismo o libertad”.
Sin embargo, detrás del rechazo no hubo solo una defensa kirchnerista. Según reconstrucciones periodísticas, el gobierno libertario, en apariencia alineado con la sanción de la ley junto al PRO, la UCR y sectores del empresariado, habría jugado por abajo para evitar su aprobación. La estrategia incluía posibles pedidos de modificaciones que devolvieran el expediente a Diputados o directamente influencias para voltear la votación. De hecho, un encuentro a última hora entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el senador santacruceño José María Carambia, apuntó en ese sentido, aunque finalmente Carambia y su compañera de bloque votaron afirmativamente.
El acuerdo entre la Casa Rosada y Rovira no es nuevo. En abril, según reveló LPO, Lule Menem —subsecretario General de la Presidencia y operador cercano a Karina Milei— selló un entendimiento con el exgobernador misionero, en una reunión donde también estuvo presente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La alianza se habría reactivado ante la necesidad del oficialismo de frenar cualquier intento de interpelación contra Karina Milei en el Congreso, luego de las acusaciones que la vinculan al caso Libra.
El revés legislativo también expuso la derrota de quienes lideraron la campaña por la sanción de Ficha Limpia, como la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien incluso había sido convocada a un estudio de TN para festejar la supuesta aprobación. La escena terminó siendo un papelón televisado.
La ley pretendía modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (N° 23.298) para incluir nuevas inhabilitaciones a quienes tuvieran condenas judiciales firmes en segunda instancia por delitos como fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, entre otros. También contemplaba la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, gestionado por la Cámara Nacional Electoral.
En los pasillos del Senado, varios legisladores peronistas, entre ellos José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, venían trabajando en silencio para evitar que la ley se aprobara. Habían estado reunidos con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y nunca dieron la votación por perdida. Finalmente, lograron su cometido.
Con el resultado consumado, Ezequiel Atauche, jefe de bloque libertario, no ocultó su frustración. Denunció presiones y responsabilizó a los senadores misioneros por la caída del proyecto. “Nos llevaron a una sesión, nos presionaron, nos dijeron que teníamos los votos”, declaró, dejando un mensaje tanto a los medios como a los sectores del establishment que apoyaban la iniciativa.
En términos políticos, la votación dejó varios perdedores: el PRO, que impulsó la medida como una bandera anticorrupción; los sectores libertarios que habían prometido el fin de los privilegios; y buena parte del electorado que reclama mayor transparencia. Del otro lado, el peronismo logró sostener una herramienta que, entienden, podría ser decisiva en el escenario electoral de 2025.
Para los lectores de La Plata, la votación también resuena: la ciudad, con fuerte tradición universitaria, judicial y de participación política, sigue siendo un termómetro de los debates nacionales. El rechazo a Ficha Limpia pone en evidencia cómo las alianzas políticas superan muchas veces las consignas públicas, y obliga a preguntarse quiénes tienen realmente voluntad de combatir la corrupción y quiénes la utilizan como recurso discursivo.
