La fiscal Gabriela Baigún y la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que se agraven las condenas contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Piden elevar las penas a 15 y 14 años de prisión, respectivamente, al considerar que el ataque fue un hecho de violencia política y de género, perpetrado con alevosía.
La fiscal general Gabriela Baigún y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se eleven las penas impuestas a los integrantes de la llamada Banda de los Copitos.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 había condenado a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años, por tentativa de homicidio. Sin embargo, las fiscales sostienen que el fallo omitió considerar agravantes esenciales y reclaman que las penas se incrementen a 15 y 14 años, respectivamente.
Los agravantes señalados
El recurso presentado por Baigún y Labozzetta insiste en que el ataque debe ser considerado como una tentativa de homicidio agravada por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el uso de un arma de fuego.
Las fiscales remarcaron que Sabag Montiel ejecutó un “ataque a traición”, haciéndose pasar por simpatizante de Cristina Kirchner para acercarse a saludarla y disparar a centímetros de su rostro. La pistola se trabó y evitó el desenlace fatal.
Un hecho que marcó la política argentina
El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrió el 1° de septiembre de 2022, frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, en medio de una vigilia de militantes que acompañaban a la entonces vicepresidenta.
El episodio generó una conmoción política y social sin precedentes desde el retorno democrático, al poner en evidencia la vulnerabilidad de las máximas autoridades frente a la violencia política.
Próximos pasos judiciales
La Cámara de Casación deberá resolver si acepta el planteo de la fiscalía y agrava las condenas. De hacerlo, el fallo marcaría un precedente clave en la interpretación de la violencia política de género como agravante en delitos contra mujeres que ejercen cargos públicos.
El caso, además, vuelve a poner en debate el rol de las instituciones judiciales frente a los ataques a líderes políticos y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección en contextos de alta polarización.
