La Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. Tras la promulgación de una ley impulsada por el oficialismo que recortó una sobretasa judicial y eliminó un costoso sistema de viáticos, distintos sectores del ámbito jurídico iniciaron acciones judiciales para intentar revertir esos cambios y recuperar una caja millonaria.
La norma, aprobada en diciembre por la Legislatura bonaerense y promulgada por el gobierno de Axel Kicillof, redujo del 10% al 5% la denominada sobretasa de Justicia, un porcentaje que se desprende de la tasa judicial que pagan los bonaerenses cada vez que inician un trámite en los tribunales. Ese recorte impactó de lleno en los ingresos de la Caja de Abogados, que durante años recibió automáticamente esos fondos.
Vale aclarar un dato no menor: la tasa de Justicia equivale al 2,2% del monto del trámite judicial y no la pagan los abogados, sino los ciudadanos que recurren al sistema judicial, incluidos sectores de bajos recursos. Hasta ahora, una parte de ese pago terminaba financiando gastos internos de la caja previsional.
Amparos, rechazos y un expediente en La Plata
Tras la entrada en vigencia de la ley, el presidente de la Caja, Fabián Gerardo Portillo, presentó un amparo para frenar la reducción de la sobretasa y sostener el esquema de viáticos. La Justicia rechazó esa presentación. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí: horas más tarde, la Asociación de Abogados Jubilados avanzó con otro amparo que quedó radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 8 de La Plata, a cargo del juez Leonardo Villegas.
El trasfondo del reclamo no es menor. La ley también eliminó el sistema de viáticos y gastos de representación que demandaba más de 2.000 millones de pesos anuales para los 40 directores de la Caja. Solo en 2025, ese esquema preveía 756 millones de pesos en viáticos, a lo que se sumaban 78 millones para traslados, 72 millones para alojamiento y otros 42 millones destinados a relaciones públicas. Todo para reuniones que, en muchos casos, se realizan en la ciudad de La Plata.
La discusión política detrás del recorte
El proyecto fue impulsado en la Cámara de Diputados por Facundo Tignanelli, legislador del Frente de Todos y dirigente cercano a Máximo Kirchner. Durante el debate, Tignanelli citó un informe interno de la subgerencia financiera de la propia Caja que expone el perfil de sus inversiones: 51% en títulos de Estados Unidos, 40% en bonos nacionales en dólares y 8% en títulos provinciales también en moneda extranjera. El resto se reparte en inversiones en pesos.
Un dato que llamó la atención en el recinto fue el costo de administrar esos fondos: solo en comisiones por inversiones en el exterior, la Caja gasta alrededor de 1.400 millones de pesos.
“Se terminó el champagne y las cenas que pagaban todos los bonaerenses”, lanzó Tignanelli en noviembre de 2024, cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados. El mensaje apuntó directo a un sistema de gastos que, según el oficialismo, estaba completamente desfasado de la realidad económica de la provincia.
Una ley con amplio respaldo legislativo
La iniciativa fue aprobada definitivamente en el Senado a comienzos de diciembre, en una extensa sesión que también incluyó el aval al endeudamiento provincial y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia. El dato político no pasó desapercibido: la ley consiguió más de dos tercios de los votos, con acompañamiento de sectores de la oposición.
Mientras tanto, el conflicto ahora se traslada a los tribunales. En La Plata, capital política y judicial de la provincia, la Justicia deberá definir si el recorte a la sobretasa y el fin de los viáticos se sostienen o si la Caja de Abogados logra recuperar un esquema que, durante años, se financió con aportes indirectos de toda la sociedad bonaerense.
