El anuncio del nuevo marco de comercio e inversiones entre Argentina y Estados Unidos volvió a tensionar la relación entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof. Desde La Plata alertan que el entendimiento impulsado por Washington y avalado por el Gobierno nacional coloca al país en un escenario desfavorable y compromete especialmente a la industria bonaerense, responsable de casi la mitad de la producción fabril de la Argentina.
El ministro de Producción, Augusto Costa, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco —dos de los funcionarios más cercanos al gobernador— asumieron la voz crítica. Ambos sostienen que el acuerdo replica un modelo de apertura que beneficia a Estados Unidos en sectores donde concentra el 70% de sus exportaciones hacia el país: medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y una extensa gama de productos agrícolas.
“Pega de lleno en la Provincia”
Costa planteó que el convenio se suma a un proceso de ajuste y caída del empleo que golpea con fuerza a los distritos más industrializados. La provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 48,9% de la producción industrial del país, sería —según su lectura— la más afectada por la liberalización prevista.
“El impacto es directo. Este acuerdo compromete la industria, el desarrollo tecnológico y la posibilidad de agregar valor en la Argentina”, sostuvo. También remarcó la contradicción de que el anuncio se realizara horas después de la presentación de Luis Caputo ante la Unión Industrial Argentina, donde —según dijo— el ministro de Economía “no mencionó ni una sola vez la palabra industria”.
Críticas al contenido y al proceso de negociación
Bianco fue más allá y calificó el acuerdo como “el más desigual y asimétrico desde el Pacto Roca-Runciman”, el histórico convenio de 1933 que subordinó el comercio argentino a los intereses británicos. Según el funcionario, Argentina asume 15 obligaciones, mientras que Estados Unidos toma apenas dos.
También cuestionó la metodología de negociación: sin estudios de impacto, sin intervención del Congreso, sin participación de sectores productivos y sin consultar a las provincias, incluso cuando se trata de un marco que podría redefinir la estructura exportadora.
El jefe de Gabinete comparó además el tratamiento que recibió Argentina con el que Estados Unidos ofreció a El Salvador, Ecuador y Guatemala: documentos anunciados el mismo día, con cláusulas casi idénticas y dirigidos a economías primarias sin base industrial. “Ese paralelismo ya marca un problema serio”, señaló.
Un acuerdo con definiciones imprecisas
El texto difundido por la Casa Blanca promete abrir mercados y otorgar acceso preferencial a ciertos productos argentinos, pero sin precisiones. Habla de “ciertos recursos naturales indisponibles” y de “insumos farmacéuticos no patentados”, sin especificar qué bienes incluye ni bajo qué criterios.
Bianco advirtió que Argentina exporta a Estados Unidos petróleo, gas, aluminio, oro, productos agrícolas y manufacturas. “¿Cuáles de estos serían considerados recursos naturales indisponibles? No hay una sola respuesta en el documento”, afirmó.
Además, señaló que el marco prevé modificaciones regulatorias que operarían principalmente de un solo lado: eliminación de licencias y formalidades, cambios en procedimientos aduaneros, validación automática de certificaciones estadounidenses y alineamiento con estándares externos.
Un debate que también repercute en La Plata
El foco puesto por la Provincia en la defensa de la industria no es menor para el Gran La Plata, cuya estructura productiva combina pymes industriales, empresas tecnológicas, comercio y servicios que dependen de políticas activas para sostener empleo y valor agregado. Desde el gobierno bonaerense consideran que un esquema de liberalización como el planteado podría profundizar la caída del consumo y la baja actividad que ya sienten rubros locales.
Kicillof y su equipo sostienen que el acuerdo consolida un rumbo de desindustrialización en un contexto global marcado por la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Y advierten que Argentina queda alineada de forma automática con uno de los actores de esa puja, sin previsiones para amortiguar el impacto sobre sectores estratégicos.
