Una nueva notificación judicial reactivó el expediente por presunta corrupción urbana. El exintendente fue notificado el 7 de agosto junto a dos exfuncionarios de su gestión. Detrás de los cargos hay 450 barrios irregulares y casi 2.000 vecinos afectados que ya tocaron la puerta del municipio.
El nombre de Julio Garro apareció otra vez en un expediente judicial, pero ahora con una carátula más pesada que la que lo tuvo en vilo hace más de un año. El exintendente de La Plata fue notificado formalmente como imputado en la causa que investiga el otorgamiento irregular de loteos y barrios cerrados durante su gestión, entre 2015 y 2023. La notificación se concretó el 7 de agosto último, aunque trascendió recién en las últimas horas, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5.
Una carátula que creció
A diferencia de la primera imputación, centrada en la asociación ilícita, esta nueva etapa apunta directamente al patrimonio y a la gestión de los fondos públicos.
El expediente lleva ahora una carátula ampliada: fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Son cinco figuras delictivas distintas sobre un mismo expediente. La diferencia con la imputación anterior no es de grado sino de naturaleza: ya no se investiga solo si hubo una organización criminal sino si Garro se benefició personalmente y si el Estado municipal fue defraudado.
Los otros imputados: Negrelli y Botta
A la lista de imputados se sumaron, además de Garro, dos nombres conocidos: Oscar Negrelli, su exjefe de Coordinación Municipal, y María José Botta, su exsecretaria de Planeamiento Urbano, ambos ya notificados y comparecidos ante la fiscalía.
Negrelli ya carga con otro expediente. El exfuncionario ya fue imputado por la Justicia platense en la causa conocida como «ñoquis en la Municipalidad de La Plata», que investiga a exfuncionarios y empleados que habrían cobrado sueldos sin cumplir tareas reales durante la gestión 2015-2023. En ese expediente llegó a haber catorce imputados, con allanamientos en distintos barrios de la ciudad.
El fiscal que fue recusado y el que tomó la posta
El dato que explica buena parte de la demora tiene nombre y apellido: la instrucción estuvo primero en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, quien terminó recusado por el propio municipio ante la jueza de Garantías N°5, Marcela Garmendia, por la falta de avances en el expediente. La Justicia hizo lugar al pedido y el Ministerio Público Fiscal designó a un nuevo instructor, Juan Ignacio Mennucci, quien es justamente quien terminó de formalizar esta segunda tanda de imputaciones.
El cambio de fiscal no es un detalle burocrático: es la condición que hizo posible que la causa se reactivara. El municipio actual —conducido por Alak— fue quien presentó la recusación. La investigación que recayó sobre la gestión anterior avanza con la colaboración activa de la gestión presente.
La dimensión del problema: 450 barrios, 250 irrecuperables
Los números detrás del expediente son los que le dan escala real al daño. Un relevamiento de la actual gestión municipal detectó la existencia de unos 450 barrios y loteos irregulares en toda la ciudad, de los cuales cerca de 250 no podrán regularizarse bajo ninguna circunstancia.
Muchos de esos desarrollos fueron impulsados, según la investigación, por ordenanzas municipales que nunca contaron con el aval de la Provincia, algo que obligó a modificar la normativa vigente para adecuarla a la ley provincial.
El número que más pesa para los vecinos es el de los 250 irrecuperables: son loteos donde hay casas construidas, familias viviendo, calles abiertas y, sin embargo, la situación dominial no tiene solución posible bajo la normativa vigente. Son personas que compraron de buena fe y que hoy no pueden escriturar ni acceder a servicios formales.
Casi 2.000 consultas al registro municipal
La Municipalidad de La Plata abrió el mes pasado un registro para los compradores afectados por los loteos ilegales. Hasta ahora recibió 1968 consultas, formalizó la inscripción de 93 damnificados y sumó a la denuncia penal cuatro nuevos emprendimientos irregulares detectados en la periferia de la ciudad.
El número de consultas versus el de inscripciones formalizadas muestra que hay un universo de afectados mucho más grande que el que todavía no terminó de dar el paso institucional. 1968 personas tocaron la puerta del municipio. 93 formalizaron la denuncia. La diferencia habla de un proceso que recién empieza.
El principio de inocencia y la pregunta que queda
La notificación no implica una declaración de culpabilidad: Garro conserva el principio de inocencia hasta que exista sentencia firme, y fue informado de su derecho a designar abogado, a no declarar contra sí mismo y a conocer en detalle los cargos que se le imputan.
Pero el expediente, con fiscal nuevo y carátula ampliada, vuelve a instalar una pregunta que excede lo judicial: cuánto de lo que hoy es loteo consolidado, con casas, calles y vecinos, nació de una decisión que la propia Justicia empieza a considerar delito.
