Una afiliada de IOMA oriunda de Lanús y extrabajadora del Ministerio de Seguridad bonaerense expuso públicamente su desesperación ante la falta de atención médica en medio de una crisis de asma. La mujer, que asegura tener una discapacidad pulmonar del 73%, denunció que no logra obtener un turno con su neumonólogo y cuestionó tanto al sistema de salud provincial como al proceso que derivó en su jubilación anticipada.
“Estoy con una crisis de asma y no me atienden. Desde IOMA me dijeron que recién hay turnos para mediados de agosto. Les informé que era urgente, les pasé mis signos vitales y ni siquiera me respondieron. Les advertí que iba a presentar una acción de amparo y una denuncia por abandono de persona, pero no les importó nada”, expresó Adriana Volchok, quien acusa al instituto de no garantizarle el acceso a la atención médica que necesita de forma inmediata.
Su testimonio se suma a una larga lista de reclamos que involucran a miles de afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial en toda la provincia de Buenos Aires. Las denuncias se repiten: demoras en la asignación de turnos, retrasos en los reintegros, recortes en prácticas médicas y serias dificultades en áreas sensibles como oncología, cardiología y neumonología.

Volchok, que padece EPOC y tiene solo un 40% de capacidad pulmonar, explicó que se atiende en el Centro Médico del Valle de Lanús, donde se encuentra bajo seguimiento de varios especialistas, aunque debe abonar honorarios adicionales por la falta de cobertura completa. “Me faltan especialidades como gastroenterología y traumatología, pero muchas veces no podés acceder porque te cobran aparte. IOMA no cubre lo básico en mi situación”, lamentó.
Además de la falta de cobertura, la mujer denunció irregularidades en el proceso de su jubilación. Según relató, hace dos años le otorgaron una pensión por incapacidad total y permanente, pero nunca le informaron oficialmente cuál era la patología que justificaba ese dictamen. Esta situación la llevó a presentar un amparo judicial.
En el marco de ese litigio, asegura que el Ministerio de Seguridad ofreció un cargo a su abogado para evitar que continuara con la causa. “Tenía 53 años cuando ingresó y el límite para ingresar a la administración pública es de 50. Si fue acomodado, lo voy a denunciar al Colegio”, sostuvo.
Volchok remarcó que, antes de ser jubilada, intentó acordar una salida con el Ministerio para acceder a una jubilación ordinaria a cambio de renunciar a sus cargos. Asegura que la negativa por parte de la cartera provincial derivó en una “jubilación forzada” que califica como irregular.
“Defiendo siempre los derechos del personal policial y sé cómo se manejan. Me jubilaron de manera trucha. Presenté una acción de amparo y hasta que no haya un fallo judicial, no sé cuál es mi situación real. Mientras tanto, no tengo cobertura médica. Necesito ver a mi neumonólogo para que me recete mi medicación, que es muy costosa. Esto es abandono de persona”, concluyó.