La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó formalmente bajo la lupa de la Justicia Penal Económica. El fiscal Claudio Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, a su tesorero y principal ladero Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula dirigencial por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos por un monto estimado en 19 mil millones de pesos. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tramita en el Juzgado Penal Económico N°5.
Según el expediente, la AFA habría actuado como agente de retención, descontando impuestos y contribuciones a jugadores, empleados y terceros, pero sin depositar esos fondos en tiempo y forma en las arcas del Estado. Para ARCA, no se trató de un error administrativo sino de una conducta deliberada: la entidad conocía sus obligaciones y, aun así, utilizó esos recursos para financiar su funcionamiento.
Una imputación que alcanza a toda la cúpula
Si bien Tapia figura como principal responsable en su carácter de presidente y administrador de la clave fiscal, la imputación se extendió al resto de la comisión directiva. La estructura institucional de la AFA, advierte el fiscal, obliga a analizar responsabilidades compartidas. La presunta infracción encuadra en la Ley 27.430, Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión cuando los tributos retenidos no se depositan dentro de los diez días hábiles. ARCA pidió aplicar el máximo.
La otra causa: una mansión, testaferros y feria judicial habilitada
En paralelo, la Justicia avanza por otro carril igual de delicado. El juez Marcelo Aguinsky decidió habilitar la feria judicial de enero para profundizar la investigación por presunto lavado de dinero en la compra de una mansión en Pilar vinculada al entorno de Toviggino. El expediente apunta a reconstruir el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad de más de 105 mil metros cuadrados, con helipuerto, haras e instalaciones deportivas.
La casa figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. Ambos compraron el inmueble en 2024 por 1,8 millones de dólares, pese a que —según los investigadores— no contarían con capacidad económica para justificar la operación. Pantano registra deudas, fue monotributista y Conte llegó a percibir el IFE durante la pandemia. La firma, además, aparece como titular de 54 vehículos de lujo y antiguos.
Pantano y Conte deberán declarar por videoconferencia el 29 de diciembre, en una instancia previa a una eventual indagatoria. Aguinsky busca determinar si actuaron como presuntos testaferros y cuál fue el delito precedente que habría generado los fondos investigados.
Vínculos, hallazgos y líneas abiertas
Durante un allanamiento, los investigadores encontraron en la propiedad un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central —presidido por Tapia— con el nombre de Toviggino y cédulas azules de vehículos a nombre de familiares del tesorero. Además, surgieron conexiones con el ambiente del fútbol: Pantano fue dirigente de futsal afiliado a la AFA y la empresa vendedora del inmueble pertenece a un ex dirigente del fútbol femenino. Una de sus direcciones, incluso, coincide con la de una firma vinculada a Toviggino.
La causa analiza, entre otros puntos, una denuncia de la Coalición Cívica, versiones sobre presuntos fondos provenientes del exterior, la compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa y dos expedientes de Santiago del Estero relacionados con usurpación de tierras y posibles pistas clandestinas. Por ahora, no hay una hipótesis cerrada, pero sí demasiadas piezas sueltas para ignorarlas.
El frente político y el factor FIFA
Mientras la Justicia avanza, el conflicto escala en el plano político. En el gobierno nacional consideran que marzo sería una ventana clave para avanzar judicialmente contra Tapia y Toviggino antes de que el calendario del Mundial complique cualquier movimiento. El antecedente de sanciones de la FIFA a federaciones por injerencia estatal sobrevuela cada decisión.
Tapia, por su parte, exhibe respaldo internacional: mantiene vínculos estrechos con la Conmebol y con la cúpula de la FIFA, que lo ratificó como miembro de su Consejo Directivo. Las fotos recientes con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez no fueron casuales. Sin embargo, la protección internacional no frena expedientes locales que avanzan en juzgados federales.
Una interna frágil y aliados que faltan
En la AFA admiten desconcierto. Las causas avanzan por vías distintas, no hay una estrategia defensiva sólida y la relación entre Tapia y Toviggino atraviesa su peor momento. El tesorero, el dirigente más expuesto mediáticamente, no quiere cargar con el costo total de una crisis que amenaza con arrastrar a toda la conducción.
A esto se suma un dato político sensible: la cercanía del juez Aguinsky con sectores referenciados en Patricia Bullrich genera inquietud en Viamonte. Aguinsky, uno de los magistrados más experimentados del fuero, ya dejó en claro que no piensa archivar rápido el expediente. El secreto de sumario y la feria habilitada son señales claras.
Un escenario abierto
La imputación por 19 mil millones de pesos, la investigación por lavado y la presión política configuran un escenario inédito para la AFA moderna. El fútbol argentino, acostumbrado a sobrevivir a crisis deportivas y económicas, enfrenta ahora un partido mucho más áspero: el judicial. Y ese, a diferencia del otro, no se define por penales.
