El exministro de Transporte bonaerense quedó en la mira de la Justicia por una red de corrupción que involucra coimas, gestores truchos y hasta propiedades en España. ¿Cómo se evaporaron millones mientras los conductores pagaban multas?
El exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputado este jueves en una causa que promete destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en la provincia de Buenos Aires. La Justicia lo señala como partícipe necesario en delitos de fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y cohecho, y en al menos uno de los cargos, como autor principal. El caso, que involucra un esquema millonario de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), expone una red de “gestores truchos” que habrían permitido a infractores evadir sanciones a cambio de jugosas comisiones, en perjuicio de las arcas públicas y empresas privadas.
La imputación, confirmada hoy por fuentes judiciales y publicada por Infobae, marca un punto de inflexión en una investigación que comenzó en octubre de 2024 y que, con el correr de los meses, ha sumado allanamientos, secuestros de dinero y acusaciones cruzadas. D’Onofrio, quien renunció a su cargo en diciembre pasado por “motivos personales” —aunque el trasfondo apunta a la presión judicial—, está en el ojo del huracán por su presunto rol clave en la trama. Según los fiscales, el exfuncionario no solo habría facilitado el esquema, sino que también se benefició económicamente de él.
Una red de corrupción con epicentro en las fotomultas
El caso tuvo su origen en una denuncia presentada por Leandro Camani, presidente de Secutrans, la empresa encargada de proveer el sistema de fotomultas en varios distritos bonaerenses. Camani alertó sobre una merma significativa en la recaudación —estimada entre 4 y 10 millones de dólares mensuales— atribuida a una red de gestores que ofrecían “borrar” infracciones del sistema a cambio de pagos que oscilaban entre el 30% y el 50% del monto original. Esta maniobra, según la investigación, no solo afectó a Secutrans, sino también al erario público, ya que los fondos evadidos nunca ingresaban a las cuentas oficiales.
La Justicia apunta a una estructura organizada en la que D’Onofrio habría brindado protección política. Junto a él, otros nombres resonantes aparecen en el expediente: Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y pareja del exministro; Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata; y Facundo Asencio, jefe de la VTV. Todos están bajo la lupa por presuntas maniobras que incluyen desde el cobro de coimas hasta el lavado de dinero en propiedades en España, como un bar y un complejo hotelero en Málaga adquiridos por Pombo.
De las rutas a la Costa del Sol: el rastro del dinero
La investigación, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y el fiscal platense Álvaro Garganta, tomó un giro internacional al rastrear movimientos financieros que vinculan a los imputados con inversiones en la Costa del Sol. Documentos y testimonios sugieren que parte de las ganancias obtenidas del esquema ilegal habrían sido blanqueadas a través de sociedades offshore y bienes suntuosos, como una camioneta Audi Q8 valuada en 200 mil dólares que usaba Asencio.
En los últimos días, nuevos allanamientos —como el realizado el 8 de abril en una financiera trucha donde se secuestraron más de 250 mil dólares— refuerzan la hipótesis de una asociación ilícita bien aceitada. Los operativos, que incluyeron la sede del Ministerio de Transporte y propiedades ligadas a los acusados, también revelaron la existencia de una “peluquería” que, según el periodista Luis Gasulla, funcionaba como fachada para lavar dinero proveniente de las VTV y las fotomultas.
D’Onofrio, en la cuerda floja: ¿qué dice la defensa?
El exministro, alineado históricamente con el Frente Renovador de Sergio Massa, aún no hizo declaraciones públicas tras la imputación. Desde su entorno, sin embargo, se había insistido en diciembre en que “no existe ninguna imputación formal” y que las acusaciones eran “falsas”. Una postura que, a la luz de los avances judiciales, parece desmoronarse. La defensa de D’Onofrio podría apuntar a desacreditar las pruebas o a desligarlo de las decisiones operativas, atribuyéndolas a subordinados como Quattrochi o Asencio.
Mientras tanto, en las redes sociales, la noticia generó un vendaval de reacciones.
Un caso que promete más capítulos
Con D’Onofrio imputado y la causa en plena ebullición, el escándalo de las fotomultas y la VTV está lejos de cerrarse. La Justicia ya solicitó colaboración a España para verificar las operaciones en Málaga y ordenó el levantamiento de secretos bancarios y fiscales de los involucrados desde 2021. Los próximos pasos —indagatorias y posibles procesamientos— podrían salpicar a más figuras del entorno político bonaerense y reavivar el debate sobre la transparencia en la gestión pública.
Por ahora, el caso expone las grietas de un sistema que, lejos de garantizar seguridad vial, parece haber sido una máquina de recaudación paralela. Mientras los bonaerenses esperan justicia, una pregunta resuena: ¿hasta dónde llegará la madeja de corrupción que empieza a desenredarse?
