La investigación por el devastador incendio y posterior derrumbe del depósito ubicado en diagonal 77 y 48, en pleno centro de La Plata, avanza a paso firme bajo la dirección del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Con pericias clave en curso y serias dudas sobre las condiciones de funcionamiento del predio, la causa comienza a perfilarse como un caso de alto impacto judicial, político y urbano.
El origen del fuego: peritajes, hipótesis y complicaciones
Los informes preliminares de Bomberos apuntan a que el fuego se habría originado en una oficina ubicada en la planta baja, por un presunto cortocircuito. Aún así, el fiscal no descarta otras posibilidades: negligencia humana o incluso intervención de terceros, aunque esta última hipótesis hoy se encuentra debilitada por la falta de elementos probatorios.
El lugar fue totalmente vallado tras el siniestro por riesgo de colapso. Restos calcinados y estructuras inestables dificultan la tarea pericial, por lo que se sumaron especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UNLP para evaluar la necesidad de una demolición controlada.
Además, equipos de la Policía Federal con perros entrenados confirmaron que no había personas dentro del inmueble al momento del incendio. La reconstrucción de lo ocurrido, sin embargo, es compleja: no hay cámaras de seguridad en la cuadra ni un sereno que hubiera podido dar testimonio de los momentos previos al siniestro.
Un depósito clausurado que seguía funcionando
Uno de los puntos más críticos que surge de la investigación es que el predio había sido clausurado por la Municipalidad de La Plata el pasado 25 de junio por falta de habilitación y condiciones edilicias mínimas. Pese a ello, continuaba operando al momento del incendio. Este dato abre serias preguntas sobre el control y cumplimiento de las medidas dispuestas por el área de Control Urbano.
Roxana Aloise, titular de la firma Al Tecno S.A. y una de las herederas del inmueble, ya fue imputada en la causa. Según los documentos aportados por la sucesión del empresario Vicente Aloise (fallecido en 2021), era quien figuraba como locataria del espacio. Ahora el fiscal busca determinar con precisión quién operaba realmente el lugar, en qué estado estaba la instalación eléctrica y por qué se mantenía activo pese a la clausura oficial.
Las internas familiares detrás del incendio
El caso también dejó al descubierto tensiones dentro de la familia Aloise. Si bien el inmueble forma parte de una sucesión familiar, sus miembros manejan distintas empresas con nombres similares pero gestiones separadas. Oscar Aloise, uno de los hermanos, se despegó públicamente del hecho y aseguró que su empresa no tiene vínculo con el depósito incendiado, manejado por Roxana.
En la causa, sin embargo, se investiga si existieron vínculos comerciales o logísticos entre las distintas firmas, y si más de una hacía uso del predio sin autorización legal. Vecinos de la zona aseguraron haber visto movimientos de mercadería en horarios nocturnos incluso después de la clausura, aunque por ahora no hay pruebas fehacientes.
Sin seguro y con pérdidas millonarias
Una de las revelaciones más graves de las últimas horas es que el inmueble no contaba con cobertura de seguros al momento del siniestro. Según fuentes de la causa, solo en electrodomésticos almacenados se estiman pérdidas que superarían el millón y medio de dólares, sin contar los daños estructurales, vehículos quemados y perjuicios a propiedades linderas, como la casa de una jubilada afectada por la caída de mampostería.
El contrato de alquiler que vincula a Al Tecno S.A. con la sucesión familiar establecía, en su cláusula octava, la obligación de contar con habilitación municipal, y en la décima, la contratación de un seguro contra terceros. Ambas habrían sido incumplidas, lo que podría abrir la puerta a acciones judiciales por parte de los herederos y complicar aún más la situación de la empresa.
La continuidad comercial de la firma también está en duda: el volumen de las pérdidas, la ausencia de seguro y los costos judiciales podrían empujarla a un proceso de quiebra.
Perspectivas judiciales y nuevas medidas
Esta semana será clave. Se realizarán nuevas pericias físico-químicas, inspecciones con peritos de parte y se avanzará en la recolección de testimonios. La causa, que por ahora se tramita bajo la carátula de “Averiguación de causales de incendio”, podría ser recaratulada como “estrago culposo” si se comprueban conductas negligentes. Esta figura contempla penas de hasta cinco años de prisión.
Mientras tanto, la Justicia entregó el inmueble a la empresa con pautas estrictas de resguardo y comunicación permanente con el Municipio, a la espera de definir los pasos a seguir respecto a su demolición o saneamiento.
Un hecho que expone las fallas en control urbano
El incendio, que paralizó el centro de La Plata durante más de 12 horas, obligó a evacuar edificios y generó un fuerte impacto en la comunidad, dejó en evidencia las debilidades en el sistema de habilitaciones, el control municipal y la seguridad edilicia. Más allá del hecho puntual, lo ocurrido obliga a revisar los mecanismos de control y las consecuencias legales del incumplimiento de normativas básicas en zonas de alta densidad urbana.
