La forma en que se mide la inflación en la Argentina volvió a encender alarmas entre economistas y analistas del mercado laboral. Un conjunto de estudios advierte que, si el INDEC actualizara la canasta de consumo que utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la supuesta recuperación de los salarios reales quedaría prácticamente anulada y se transformaría en una caída significativa del poder adquisitivo.
El punto central de la discusión es metodológico, pero con efectos concretos en el bolsillo. Hoy, con la fórmula vigente, el salario registrado muestra una mejora interanual cercana al 4,5%. Sin embargo, con una canasta de gastos más acorde a los hábitos actuales de los hogares, ese número pasaría a reflejar una contracción del 5,7%, según estimaciones privadas.
Una canasta anclada en 2004
El IPC que publica el INDEC se apoya en patrones de consumo que no se actualizan desde 2004. En la práctica, eso implica que rubros hoy marginales —como la telefonía fija o el diario en papel— siguen teniendo un peso relevante, mientras que los servicios esenciales aparecen subrepresentados.
En las últimas dos décadas, el esquema de gastos de las familias cambió de forma profunda. Alquileres, tarifas, transporte y combustibles ganaron protagonismo, especialmente tras la quita de subsidios iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizada con la actual gestión de Javier Milei. Sin embargo, ese cambio estructural todavía no se refleja plenamente en la medición oficial de la inflación.
Economistas advierten que si el INDEC actualiza la canasta del IPC, la suba salarial se transformaría en una caída del poder adquisitivo. El impacto en inflación, sueldos y consumo.
El propio titular del INDEC, Marco Lavagna, reconoció en más de una oportunidad la necesidad de actualizar la canasta. Según trascendió, el trabajo técnico ya estaría concluido y se basa en la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares (ENGHo) 2018, aunque su implementación sigue a la espera de una definición política.
El impacto en los salarios
Uno de los economistas que puso números concretos sobre la mesa es Diego Giacomini, exsocio de Javier Milei y hoy crítico del rumbo económico del Gobierno. De acuerdo con su análisis, aplicar la canasta basada en la ENGHo 2018 modificaría de manera sustancial la lectura oficial sobre ingresos y precios.
La diferencia no es menor: Giacomini calcula que, bajo la metodología actual, la inflación está subestimada y que la brecha acumulada con una canasta actualizada alcanza los 39 puntos porcentuales en la gestión actual. Esa distancia explica por qué los salarios parecen crecer en los informes oficiales, mientras la percepción social va en sentido contrario.
Como ejemplo, el economista señaló que en el Gran Buenos Aires el INDEC asigna apenas $3,5 de cada $100 de gasto total al alquiler de vivienda y $2,5 a electricidad, gas y combustibles. Incluso sumando otros servicios básicos, la proporción queda muy por debajo de lo que reflejan los presupuestos reales de las familias.
Lo que siente la clase media
La desconexión entre los números oficiales y la vida cotidiana también aparece en los relevamientos privados. Un informe de la consultora Centric, citado por la periodista especializada en economía Rocío Kalenok, muestra que el 77% de los encuestados considera que su salario perdió frente a la inflación.
El estudio revela, además, un fenómeno persistente: más del 64% de las personas se autopercibe como clase media baja o baja, mientras que el 55% cree que la situación económica del país es peor que su situación personal. La suba sostenida de tarifas, transporte y combustibles —rubros que aumentan por encima del promedio del IPC— termina erosionando el ingreso disponible para otros consumos y refuerza la sensación de retroceso.
Incluso en momentos de menor inflación mensual, esa percepción no cambia. Casi la mitad de los encuestados anticipó que redujo gastos en las últimas fiestas de fin de año y muchos resignaron vacaciones, un dato que grafica cómo el ajuste se filtra en decisiones cotidianas.
Inflación de diciembre y lo que viene
Mientras el debate metodológico sigue abierto, los datos de inflación continúan marcando el pulso económico. En diciembre, la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del costo de vida del 2,7% y cerró 2025 con una suba acumulada del 31,8%. Transporte fue uno de los rubros con mayor incidencia, con un alza del 5,5%, mientras que alimentos y bebidas promediaron un incremento del 2,4%, impulsados principalmente por carnes y derivados.
El dato porteño funciona como anticipo de lo que difundirá el INDEC a nivel nacional. Consultoras privadas estiman que la inflación de diciembre se ubicará en un rango similar o levemente superior al de noviembre, cuando marcó 2,5%.
Jubilaciones: el otro frente del ajuste que profundiza la pérdida de ingresos
El deterioro del poder adquisitivo no se limita a los salarios. Un informe reciente del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) puso el foco en el impacto del ajuste sobre los jubilados, uno de los sectores más afectados por la política económica del gobierno de Javier Milei.
Según el estudio, la jubilación media es hoy 23% más baja que en diciembre de 2023, inicio de la gestión libertaria. Traducido al bolsillo, cada jubilado acumuló una pérdida promedio cercana a 4,8 millones de pesos desde entonces. El informe advierte que, bajo el esquema actual, esa pérdida no se revertirá: las jubilaciones quedaron “con un techo”, atadas a la inflación desde el DNU 274/2024, sin mecanismos de recuperación real.
Desde MATE subrayan que este retroceso forma parte central del ajuste fiscal. El Estado habría “ahorrado” 100,8 billones de pesos desde el cambio de gobierno, con tres áreas como principales aportantes: jubilaciones, obra pública y programas sociales. Dentro de ese recorte, el sistema previsional explica 16,5 billones de pesos, lo que convierte a los adultos mayores en el sector social más castigado por la política de ajuste.
Qué pasó con la jubilación mínima
En la misma línea, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aportó un dato que refuerza la magnitud del impacto. De acuerdo a sus cálculos, la jubilación mínima sería hoy un 27% más alta si no se hubiera modificado la fórmula de actualización en 2024.
En diciembre de 2025, el haber mínimo sin bono se ubicó en $340.886. De haberse mantenido el esquema anterior, ese monto habría alcanzado los $434.279, una diferencia que grafica con claridad cómo el cambio en la fórmula previsional profundizó la pérdida de ingresos en un contexto de inflación aún elevada.
Así, mientras el debate sobre la medición de la inflación expone tensiones en torno a salarios y estadísticas oficiales, los números del sistema previsional muestran que el ajuste también tuvo —y sigue teniendo— un impacto directo y persistente sobre los jubilados, un dato clave para entender el cuadro social que se proyecta hacia 2026.
Un debate con impacto político y social
Más allá de la técnica estadística, la discusión sobre la canasta del IPC tiene consecuencias directas en la evaluación del salario real, la negociación paritaria y la percepción social sobre la marcha de la economía. Para los especialistas, mantener una medición desactualizada no solo distorsiona los indicadores, sino que también posterga un debate de fondo sobre el verdadero impacto del ajuste en los ingresos.
En ciudades como La Plata, donde el peso de los alquileres, el transporte y las tarifas es cada vez más determinante en el presupuesto familiar, la diferencia entre la inflación que se publica y la que se siente explica buena parte del malestar cotidiano. Y también deja una pregunta abierta: ¿qué mostrarían los números oficiales si la inflación se midiera, de una vez, con los consumos del presente y no con los del pasado?
