La inflación volvió a acelerar y ya encadena siete meses consecutivos de suba del IPC, una dinámica que pone en tensión el discurso oficial y empieza a mostrar límites concretos en la economía real. El 2,85% registrado en diciembre fue el segundo aumento mensual más alto desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada y confirmó que el proceso de desinflación enfrenta obstáculos que van mucho más allá de la emisión monetaria.
A diferencia de episodios anteriores, el rebrote inflacionario actual no responde a ajustes puntuales ni a efectos estacionales. Se apoya en desequilibrios estructurales que el Gobierno tiende a minimizar: pérdida de credibilidad, presión cambiaria, caída de la inversión, concentración económica, suba de costos regulados e inercia inflacionaria. Un conjunto de variables que ya impacta de lleno en el bolsillo, especialmente en la clase media.
Inflación en alza: por qué el problema ya no es solo monetario
El relato oficial insiste en explicar la inflación como un rezago de la emisión pasada. Sin embargo, tras más de dos años de gestión, ese argumento pierde capacidad explicativa. La economía muestra tensiones que no se resuelven solo con ajuste fiscal y licuación del consumo.
La actual fase inflacionaria es más persistente y orgánica. Ya no se trata de precios “atrasados” que se corrigen de golpe, sino de una dinámica que se retroalimenta por expectativas, costos y falta de señales claras de estabilidad a mediano plazo.
Pérdida de credibilidad y dólar bajo presión
Uno de los principales factores que explica la inflación es la erosión de la confianza. El Gobierno negó reiteradamente cambios en el esquema cambiario que luego terminó aplicando, desde el crawling peg hasta las bandas con ajustes vinculados a la inflación.
El episodio más simbólico fue el discurso del “dólar que flota”, rápidamente desmentido por la intervención diaria del Tesoro y la necesidad de respaldo externo. El resultado fue un tipo de cambio que subió casi 40% en 2025 y una fuerte dolarización de carteras: la formación de activos externos superó los USD 30.500 millones en pocos meses.
Con cepo parcial aún vigente para empresas, dificultades para acceder al crédito internacional y vencimientos de deuda por unos USD 15.000 millones en 2026, el tipo de cambio sigue siendo la principal variable de ajuste latente.
Déficit externo, importaciones y expectativas devaluatorias
El frente externo también dejó de jugar a favor. La cuenta corriente pasó de un superávit de USD 4.799 millones en 2024 a un déficit cercano a los USD 10.000 millones en 2025. La caída del saldo comercial respondió al fuerte aumento de las importaciones, que crecieron más de USD 12.000 millones interanuales.
Ese desequilibrio alimentó expectativas de devaluación que solo fueron parcialmente contenidas por el respaldo político y financiero de Estados Unidos. Sin un ingreso sostenido de dólares por inversiones productivas, la presión sobre el tipo de cambio se mantiene.
Menos inversión y una economía cada vez más concentrada
Otro factor clave es la caída de la inversión. Según el INDEC, la formación bruta de capital fijo retrocedió más de 11% respecto del período final del gobierno anterior, que ya mostraba niveles bajos. A eso se suma una utilización de la capacidad industrial que ronda apenas el 58%, muy por debajo de los promedios históricos.
La contracción de la actividad vino acompañada por el cierre de unas 21.000 empresas desde fines de 2023, lo que redujo la competencia en numerosos sectores. Menos empresas implica mayor poder de mercado y mayores dificultades para contener precios, incluso en un contexto recesivo.
Tarifas y costos: el ajuste que paga la clase media
Las tarifas se consolidaron como uno de los principales motores inflacionarios. Un informe del Instituto Argentina Grande reveló que desde diciembre de 2023 la electricidad aumentó más de 275% para los hogares de ingresos medios y 113% para los de menores ingresos, mientras que los sectores de mayores recursos registraron subas muy inferiores.
Hoy, una familia de clase media paga prácticamente lo mismo que un hogar de altos ingresos por el servicio eléctrico. Y el escenario puede empeorar: el nuevo esquema tarifario previsto para 2026 eliminará la segmentación por ingresos, lo que dejará a miles de hogares al borde de perder subsidios.
Este impacto no se limita al consumo familiar. Las subas de energía, transporte, combustibles y servicios financieros elevan los costos de las empresas, que terminan trasladándolos a precios en un contexto de ventas en caída. La inflación, así, se vuelve circular.
Planes sociales como ancla y salarios en retroceso
La paradoja del modelo libertario aparece con claridad en la política de ingresos. Mientras salarios, jubilaciones y empleo formal pierden poder adquisitivo, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales.
Más de seis millones de planes sociales explican buena parte de la contención social en un escenario de ajuste profundo. La AUH hoy tiene mayor poder de compra que en gestiones anteriores y funcionó como amortiguador frente a la pérdida de ingresos laborales.
Sin embargo, el contraste es contundente: el ajuste recae sobre el trabajo y la clase media. La asistencia social evita un deterioro mayor en los sectores más vulnerables, pero no alcanza para recomponer el tejido productivo ni el consumo interno.
Un desafío abierto para la estabilidad
La inflación persistente no se explica por una sola causa ni se resuelve con consignas. Requiere inversiones reales, una estrategia productiva, señales claras en el frente cambiario y una reducción sostenida del riesgo país. Sin eso, la estabilidad seguirá siendo frágil.
En ciudades como La Plata, donde el empleo público, los servicios y el comercio tienen un peso central, estas variables se sienten antes y con más fuerza. El bolsillo sigue siendo el termómetro más preciso de la economía. Y, por ahora, marca fiebre.
