La inseguridad en La Plata y la respuesta oficial siguen siendo una ecuación sin solución. Los hechos se acumulan semana a semana. Sin embargo, ningún funcionario aparece a dar una explicación de qué va a cambiar.
Cuatro motochorros barretearon la puerta de una casa en San Carlos bajo la lluvia. Un jubilado amaneció atado de pies y manos en su propio hogar. En el Centro, una mujer fue tomada de la cintura y despojada de sus pertenencias a plena luz del día. En Berisso, otra fue golpeada mientras intentaba resistirse. Y un trabajador fue asaltado con $25 millones en efectivo que iban a pagar los sueldos de sus compañeros en un comercio platense. No son excepciones. Son la agenda de una semana cualquiera en esta ciudad.
Los hechos que definen la inseguridad en La Plata
En Tolosa, una madre salió a la calle a exigir justicia por el crimen de su hijo Agustín González. “Lo mataron por diversión”, repitió frente a Tribunales. Los tres acusados irán a juicio por jurado popular. En Punta Lara, un hombre fue golpeado brutalmente para robarle una bicicleta. Además, una red narco operaba en la región trocando armas por drogas.
En pleno centro de la ciudad, los propios vecinos y transeúntes tuvieron que reducir a un ladrón. No había policía cerca. Así, la escena se volvió viral: civiles haciendo lo que el Estado no pudo.
En tanto, los barrios periféricos acumulan sus propios episodios sin que ninguna cámara los registre. En Los Hornos, un grupo vecinal lanzó una campaña para que ningún delito quede sin denuncia en la comisaría local. La iniciativa no surge de la proactividad ciudadana. Surge de la certeza de que el subregistro oculta una realidad mucho más grave que la que muestran las estadísticas oficiales.
Una fuerza policial corroída desde adentro
La semana trajo un dato incómodo que no puede ignorarse. La Corte Suprema confirmó las condenas a exjefes policiales de La Plata por coimas y corrupción en la causa de los sobres. De esta manera, quedó en evidencia que el problema de seguridad no es solo de cantidad de efectivos en la calle.
También es un problema de calidad institucional. Una parte de la conducción policial que debía proteger a los vecinos fue condenada por actuar del otro lado del mostrador. Sin embargo, ningún funcionario provincial salió a explicar qué cambios estructurales se implementaron desde entonces.
A eso se suma el problema salarial. Un policía bonaerense de baja graduación cobra hoy menos de lo que necesita para vivir en La Plata. El alquiler de un departamento mínimo consume más de la mitad del sueldo básico de un efectivo. Así, la rotación es alta, la motivación es baja y la exposición al riesgo es constante. Por otro lado, la paritaria policial no registra avances de fondo que cambien esa ecuación. En ese contexto, no sorprende que la vocación se erosione y que los cuadros más capacitados abandonen la fuerza.
La crisis social que alimenta el problema
No hay forma honesta de hablar de inseguridad sin hablar de lo que la rodea. La Provincia de Buenos Aires entró en recesión técnica, según confirmó esta semana un informe económico. El desempleo real golpea con más fuerza en los sectores más vulnerables. Los programas de empleo joven se recortaron o desaparecieron durante el ajuste de los últimos dos años. Además, la economía informal se expande en los mismos barrios donde la policía apenas aparece.
En ese escenario, el delito no crece por azar. Crece porque el Estado dejó un vacío y ese vacío se llena. Los jóvenes sin trabajo, sin acceso a la educación formal y sin perspectiva de futuro no desaparecen: se convierten en el problema que después nadie sabe cómo resolver. No obstante, la discusión política sobre seguridad sigue girando en torno a más patrulleros, más cámaras y más efectivos. Nunca sobre el origen del problema.
Mientras tanto, la tensión entre Nación y Provincia se convierte en otro obstáculo. El gobierno de Milei recortó transferencias sociales que tenían impacto directo en los barrios más vulnerables del conurbano y el Gran La Plata. Por su parte, la Provincia de Kicillof no tiene fondos ni para mantener las fuerzas de seguridad en condiciones mínimas. En otras palabras, ambos niveles del Estado se culpan mutuamente. Y los vecinos siguen solos.
El silencio político como decisión
Como informamos semanas atrás, una encuesta reveló que el 62% de los bonaerenses pide un cambio total de rumbo en materia de seguridad. Además, la misma encuesta le puso un 2 a Kicillof en esa área. No es la peor nota de un área de gestión: es la peor calificación posible en el rubro más sensible para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Sin embargo, la respuesta del gobierno provincial sigue siendo esquiva. No hubo anuncio de un plan de seguridad para el Gran La Plata. Tampoco hubo convocatoria de emergencia ni reunión interministerial con resultados concretos. Ningún funcionario se paró frente a las cámaras a dar una hoja de ruta. Por el contrario, la agenda oficial siguió girando en torno a la disputa con Nación por el financiamiento universitario, la paritaria docente y los intendentes bonaerenses.
Esa elección también es política. Ignorar el problema de seguridad, o dejarlo correr entre los títulos policiales del día, es una decisión. Asimismo, habilitar que los vecinos organicen campañas para denunciar delitos porque no confían en que alguien los registre también es el resultado de decisiones concretas. No de la fatalidad.
¿Quién responde?
La pregunta que La Plata lleva semanas haciéndose no tiene respuesta oficial. Los comerciantes que ya no mandan a sus empleados con efectivo a la calle, las familias que cambian sus rutinas para evitar ciertas esquinas, los vecinos de San Carlos que reclaman una patrulla que tarde o no llega: todos están esperando que alguien con poder de decisión diga algo más que un comunicado de prensa.
En cambio, el silencio se profundiza. Y ese silencio, en una ciudad que es la capital de la provincia más grande del país, pesa tanto como cada uno de los hechos que lo originaron.