El Tribunal Oral Federal N°6 sentenció a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de magnicidio contra la expresidenta. La fiscalía había pedido 15 y 14 años de prisión, mientras que la querella reclamó 15 para ambos. La gran pregunta sigue abierta: ¿quién financió y quién estuvo detrás del ataque?
El tribunal condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, unificados en una pena única de 14 años por causas previas. Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria, recibió 8 años de cárcel.
La fiscalía había solicitado 15 años para él y 14 para ella, mientras que la querella —en representación de Cristina Kirchner— reclamó 15 años para ambos. Los jueces desestimaron agravantes como la alevosía y la violencia política, lo que redujo las penas.
El tercer acusado y la absolución de Carrizo
El tribunal absolvió a Nicolás Carrizo, señalado como “jefe de los copitos”, al no encontrar pruebas suficientes de su participación. La fiscalía y la querella retiraron la acusación en su contra durante el debate oral.
La decisión generó controversia: para sectores kirchneristas, su rol en la organización del grupo nunca fue esclarecido del todo.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Más allá de las condenas, el juicio dejó abiertas las dudas centrales:
- ¿Quién financió el atentado?
- ¿Hubo autores intelectuales detrás de Sabag Montiel y Uliarte?
Durante el proceso, la propia Cristina Kirchner declaró que “faltan los que dieron las órdenes”. La investigación inicial no logró probar conexiones políticas o económicas más amplias, aunque se mencionaron vínculos con sectores opositores y posibles financistas que nunca fueron imputados.
Un intento de magnicidio que marcó la política argentina
El ataque del 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel gatilló a centímetros del rostro de Cristina Kirchner y el arma falló, quedó grabado como uno de los episodios más graves de la democracia reciente.
El juicio, que se extendió por más de un año y escuchó a 157 testigos, cerró una etapa judicial, pero dejó abierta otra: la búsqueda de los responsables intelectuales y de los eventuales financistas del atentado.
