La Justicia Federal avanzó con la imputación por lavado de dinero contra el empresario estadounidense Foster Gillett y Guillermo Tofoni, estrechamente vinculados al presidente Javier Milei, por operaciones financieras en el fútbol argentino. La investigación se centra en movimientos asociados a Estudiantes de La Plata, club presidido por Juan Sebastián Verón, y a otras instituciones, con un análisis profundo de contratos, transferencias de jugadores y operaciones societarias.
La causa, iniciada a partir de una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°3, dirigida por Emilio Guerberoff, junto al juez Marcelo Aguinsky. Entre las medidas adoptadas, se incluyó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de ambos empresarios, así como de los clubes involucrados, incluyendo a Boca y Estudiantes, para reconstruir el flujo de dinero y determinar si hubo maniobras de legitimación a través de sociedades vinculadas al mercado de pases.
Tofoni, considerado el enlace local de Milei para impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), fue quien acercó a Gillett al fútbol argentino. El norteamericano se comprometió a invertir decenas de millones de dólares en Estudiantes, incluyendo la adquisición del mediocampista Cristian Medina desde Boca por 15 millones de dólares, un monto considerado excesivo para el perfil del jugador. Además, existieron negociaciones por Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, que finalmente no se concretaron, generando un impacto económico negativo para el club.
La fuga de Gillett y el incumplimiento de sus compromisos financieros no solo afectaron la economía de Estudiantes, sino que también frenaron el proyecto de las SAD, iniciativa respaldada por sectores del Gobierno y por referentes libertarios en el Congreso, como la diputada Juliana Santillán, impulsora de la regulación para las sociedades deportivas en el país.
La pesquisa también analiza un contrato a 30 años firmado por Gillett con el club uruguayo Rampla Juniors, lo que plantea un posible esquema triangular entre Uruguay, Argentina y Europa para canalizar fondos mediante transferencias y acuerdos deportivos internacionales. La fiscalía evalúa así si los fondos utilizados provienen de maniobras de lavado o si se respetaron los flujos legales del mercado.
Dentro del expediente, los futbolistas implicados y sus representantes fueron citados a declarar para detallar las condiciones comerciales de las operaciones. Además, se incluyó la declaración pública de Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien reconoció reuniones con Gillett, lo que refuerza el vínculo de los empresarios con el fútbol platense y la política local.
