Sábado 8 de noviembre de 2025
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Kicillof busca posicionar el IPS frente a la ANSES y desafía a Nación por los fondos previsionales

En medio del conflicto con el gobierno de Javier Milei por los recursos que la Nación dejó de girar a la Provincia, Axel Kicillof avanza con una medida que apunta a reforzar el Instituto de Previsión Social (IPS). El gobernador bonaerense incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo que permitiría incorporar nuevos aportantes al sistema previsional provincial, entre ellos a los trabajadores de empresas privadas con mayoría accionaria del Estado bonaerense.

Una pulseada por los fondos

La disputa entre Provincia y Nación tiene como eje los aportes que el Estado nacional realizaba en concepto de compensación por las cajas previsionales no transferidas. Ese mecanismo, vigente desde hace décadas, buscaba equilibrar los déficits que enfrentan los sistemas jubilatorios provinciales. Sin embargo, la administración de Milei interrumpió esos giros, generando un fuerte impacto en las finanzas bonaerenses.

Según estimaciones del gobierno provincial, la deuda acumulada de Anses con el IPS supera los 1,3 billones de pesos, mientras que el déficit previsional bonaerense rondaría el billón de pesos hacia fines de 2025. La situación se agrava por la relación actual entre aportantes y beneficiarios, que hoy es de 2,7 a 1, cuando el equilibrio ideal sería 4 a 1.

Un cambio clave en el Presupuesto

El artículo 55 del Presupuesto presentado por Kicillof ante la Legislatura establece que los empleados de las empresas privadas con capital mayoritario provincial deberán realizar sus aportes al IPS, en lugar de hacerlo al sistema nacional de la Anses.

Entre las firmas alcanzadas figuran ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras del área energética. En conjunto, podrían sumar unos 20 mil nuevos aportantes al organismo previsional bonaerense, según cálculos no oficiales.

El impacto sería significativo: Aubasa cuenta con unos 1.500 trabajadores, mientras que ABSA emplea a más de 2.200 personas. Estas incorporaciones representarían un alivio parcial para las finanzas del IPS, que actualmente paga más de 372 mil beneficios entre jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

El sistema previsional bonaerense, en cifras

En septiembre, el IPS abonó 277.457 jubilaciones con un haber promedio de $1.296.592, además de 82.558 pensiones (promedio de $757.764) y 25.686 pensiones sociales. El organismo administra distintos subsistemas según el sector laboral de origen:

  • Administración general: 62.530 jubilados y 19.764 pensionados, con haberes promedio de $1.343.182 y $926.765 respectivamente.
  • Magisterio: el mayor subsistema, con 163.747 jubilados y 14.105 pensionados; haberes promedio de $1.359.631 y $857.121.
  • Servicio Penitenciario: 6.440 jubilados ($1.633.026 promedio) y 2.286 pensionados ($907.392).
  • Municipal: 44.666 jubilados ($949.267) y 24.837 pensionados ($550.077).
  • Leyes Especiales: 59 jubilados ($3.287.996) y 12.623 pensionados ($642.773).
  • Policía: 15 jubilados y 56 pensionados con haberes que rondan los $800 mil.

Cabe recordar que en años anteriores el IPS ya había sumado a empleados del OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica), un antecedente que muestra la voluntad del gobierno provincial de fortalecer su caja previsional con nuevos aportantes.

Una estrategia política y financiera

Con este movimiento, Kicillof busca dos objetivos simultáneos: reducir la dependencia del financiamiento nacional y reforzar la sustentabilidad del IPS, una de las cajas previsionales más grandes del país. Pero también se trata de un gesto político en medio de la confrontación abierta con Milei por la quita de recursos.

Para la Provincia, recuperar el control sobre los aportes de trabajadores de empresas con participación estatal mayoritaria significa retener fondos clave en un contexto de ajuste fiscal nacional y caída de transferencias automáticas.

En definitiva, la discusión por el IPS trasciende la cuestión previsional: se inscribe en la pelea más amplia por la autonomía financiera bonaerense y la capacidad del gobierno provincial para sostener sus compromisos sociales frente a una administración nacional que privilegia el recorte del gasto.

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