Martes 9 de diciembre de 2025
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Kicillof confía que Nación avale la toma de deuda y no descarta un reclamo judicial

El gobernador bonaerense busca habilitación para colocar USD 3.685 millones aprobados por la Legislatura. En la Casa de Gobierno provincial aseguran que agotarán las instancias de negociación antes de acudir a la Corte Suprema.

El gobernador Axel Kicillof enfrenta un nuevo frente de tensión con el Gobierno nacional: la autorización para emitir deuda por USD 3.685 millones, aprobada días atrás por la Legislatura bonaerense. La medida es considerada estratégica para sostener obras de infraestructura y cubrir compromisos financieros de la provincia en 2026. Sin embargo, el aval depende del Ministerio de Economía, que hasta ahora no dio señales de habilitar la operación.

La estrategia de “agotar el diálogo”

En La Plata, fuentes oficiales remarcan que no habrá una presentación inmediata ante la Corte Suprema. La prioridad es mantener abiertas las conversaciones con la cartera de Luis “Toto” Caputo, pese a las tensiones políticas con la administración de Javier Milei. “Queremos agotar todas las instancias de diálogo”, señalan cerca del gobernador, convencidos de que Nación “sabe que Buenos Aires es una de las provincias más austeras”.

Cruces con Caputo y reclamos pendientes

El enfrentamiento se intensificó luego de que Kicillof reclamara públicamente la devolución de $13.000 millones que Nación adeuda a la provincia. “Que lo aprueben rápido, ni bien lo mande. Más lío no nos pueden armar”, lanzó el mandatario, en un mensaje directo al ministro Caputo. La disputa se da en paralelo a la colocación de deuda internacional por parte del Gobierno nacional, lo que expone la contradicción: mientras Nación busca financiamiento externo, cuestiona el endeudamiento bonaerense.

Escenario político y judicial

Aunque por ahora se descarta un recurso judicial, en el entorno de Kicillof no niegan que la vía de la Corte Suprema sigue sobre la mesa si Nación bloquea definitivamente la operación. La pulseada se inscribe en un clima de creciente fricción entre la administración bonaerense y el Ejecutivo nacional, con impacto directo en la gobernabilidad y en la relación con los municipios.

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