El gobernador bonaerense disparó desde la Feria del Libro porteña contra la gestión libertaria: 320.000 despedidos, un Estado desmantelado y un jefe de gabinete bajo investigación judicial por un patrimonio de más de 840.000 dólares que no cierra.
Axel Kicillof no desperdició el escenario. Desde la Feria del Libro de Buenos Aires —uno de los eventos culturales más masivos del año—, el gobernador bonaerense salió a marcar el territorio político con una frase que sintetiza la estrategia opositora de las últimas semanas: el problema no es Manuel Adorni, es el modelo de Milei.
El timing no fue casual.
La causa por enriquecimiento ilícito que avanza en la justicia federal contra el vocero y jefe de gabinete del gobierno nacional puso a Adorni en el centro de la escena. Pero Kicillof prefirió correrse del escándalo personal para apuntar al esquema completo.
“320.000 despedidos no es un número, es una política»
El gobernador utilizó una cifra que el propio gobierno nacional nunca desmintió con datos propios: 320.000 trabajadores despedidos desde que Milei asumió. Para La Plata y el Gran La Plata, eso no es una abstracción. La región concentra una proporción significativa de empleo público nacional —UNLP, CONICET, ANSES, organismos descentralizados— y el ajuste libertario golpeó con fuerza en el corredor Berisso-Ensenada-La Plata, donde el empleo industrial y estatal conviven desde hace décadas.
La lectura de Kicillof es que el escándalo de Adorni —un patrimonio investigado que supera los 840.000 dólares, difícil de justificar con el salario de un funcionario público— no es una anomalía sino una expresión de cómo funciona el poder en la era libertaria.
La causa judicial que no para
La investigación federal avanza. El patrimonio de Adorni —que incluye bienes e inversiones cuya evolución los fiscales no logran explicar con su trayectoria profesional declarada— ya superó el umbral de los 840.000 dólares bajo análisis.
En este tipo de causas, el eje no es solo si el funcionario mintió en su declaración jurada, sino si hubo incompatibilidad entre ingresos reales y patrimonio acumulado. Es, técnicamente, lo que la ley llama enriquecimiento ilícito, un delito que en Argentina tiene antecedentes pero pocas condenas firmes.
La causa sigue abierta. Y eso, en un año electoral como 2025, tiene peso político propio.
La estrategia de Kicillof: no personalizar, macroencuadrar
El gobernador viene construyendo un relato opositor que evita el enfrentamiento puntual con cada funcionario para atacar el proyecto económico en su conjunto. Es una decisión deliberada: en lugar de pelear por Adorni —un blanco relativamente fácil pero con fecha de vencimiento— prefiere instalar que el modelo libertario es estructuralmente dañino.
E
so le sirve de cara a octubre. El PJ bonaerense necesita recuperar territorio legislativo nacional, y para eso necesita que el votante de clase media que acompañó a Milei en 2023 empiece a hacer las cuentas: qué perdió, qué mejoró, a quién le va bien.
La apuesta de Kicillof es que la respuesta, cuando se suma despidos, inflación acumulada y escándalos de gestión, incline la balanza.
Proyección a corto plazo
Si la causa contra Adorni avanza con imputación formal antes de las elecciones de medio término, el gobierno nacional enfrentará un problema mayor que el comunicacional: tendrá que decidir si sostiene a su vocero más visible o lo sacrifica para frenar el daño. Cualquiera de las dos opciones tiene costo. Para la oposición bonaerense —y para Kicillof en particular— ese escenario es oxígeno político en una campaña que recién empieza a calentarse.
