Axel Kicillof anunció que investigará a Javier Milei por su rol en el polémico fallo de la jueza Preska, que obliga a Argentina a ceder el control de YPF. En una conferencia cargada de críticas, el gobernador calificó la decisión como un ataque a la soberanía y acusó al presidente de complicidad con los “fondos buitres”. ¿Qué revelará esta investigación?
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, irrumpió este martes en la escena política argentina con una contundente conferencia de prensa en la que defendió la soberanía energética del país y cuestionó el reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Kicillof no solo tildó la decisión judicial de “escandalosa” y un “disparate jurídico”, sino que anunció que iniciará una investigación sobre la actuación del presidente Javier Milei en este caso, al que acusó de “ponerse del lado de los poderes extranjeros” en detrimento de los intereses nacionales.
Un fallo que sacude la soberanía energética
El lunes 30 de junio, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, emitió una sentencia que obliga al Estado argentino a ceder el control accionario de YPF, equivalente al 51% de las acciones Clase D, como parte del pago de una indemnización de más de 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012. Este fallo, que se suma a una condena previa de septiembre de 2023, se basa en el incumplimiento de Argentina de los estatutos internos de YPF, que exigían una oferta pública a los accionistas minoritarios durante el proceso de nacionalización liderado por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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Kicillof, en una conferencia de prensa convocada este martes a las 18:00, no escatimó en críticas: “Es escandaloso que una jueza diga que nuestra constitución no vale nada. La expropiación de YPF fue un acto soberano, respaldado por una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional”. El gobernador destacó que la Ley 26.741, que permitió la recuperación de YPF, cumplió con los requisitos constitucionales y fue apoyada por diversas fuerzas políticas, incluyendo sectores de la oposición como la Unión Cívica Radical.
Dardos contra Milei: ¿Un “topo” en la Casa Rosada?
El tono de Kicillof escaló al apuntar directamente al presidente Javier Milei, a quien acusó de no defender los intereses nacionales y de mantener una “pasión norteamericana” que, según él, podría estar vinculada al fallo. “No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre los viajes de Milei a Estados Unidos y esta decisión judicial. Se nota mucho”, afirmó, en referencia a los frecuentes viajes del presidente al país del norte.
Kicillof también ironizó sobre la reciente aparición de Milei en una entrevista en streaming, donde lució un mameluco de YPF: “Anoche estuvo paveando, disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente”. Para el gobernador, estas actitudes reflejan una complicidad con los “fondos buitres” que buscan apropiarse de los activos estratégicos de Argentina, como Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo.
En un anuncio que promete escalar la tensión política, Kicillof adelantó que investigará la conducta de Milei en este caso, responsabilizándolo por “cualquier decisión que ponga en peligro” a YPF. “Frente a esta nueva agresión de los buitres, que ahora cuenta con la complicidad del ‘topo en la Casa Rosada’, desde la Provincia de Buenos Aires decimos: YPF no se vende”, sentenció.
Milei contraataca y polariza
El presidente Milei, por su parte, no se quedó callado. A través de su cuenta en X, calificó el fallo como “un fallo contra Kicillof” y lo responsabilizó directamente por el proceso de expropiación de 2012, al que tildó de “mal ejecutado”. En un tono característico, Milei llamó a Kicillof “inútil soviético” y “pelotudo”, asegurando que su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner llevó al país a esta situación. No obstante, el presidente confirmó que el Estado apelará el fallo en todas las instancias posibles, incluyendo un pedido de “stay” para suspender la ejecución de la sentencia mientras se tramita la apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Milei también aprovechó el contexto electoral, a tres meses de las legislativas de octubre, para polarizar con Kicillof, a quien considera su principal rival político. “Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires”, escribió, intensificando la retórica de campaña.
Un fallo con implicaciones económicas y políticas
El fallo de Preska no solo ha desatado una tormenta política, sino que también ha generado incertidumbre en los mercados. Las acciones de YPF cayeron un 5,4% en la Bolsa de Buenos Aires y un 6,3% en Nueva York tras el anuncio, mientras que los bonos en dólares bajo ley extranjera operaron en rojo. En contraste, las acciones de Burford Capital se dispararon un 19% en Londres, reflejando el impacto financiero de la decisión.
Expertos legales han señalado que el fallo es de difícil cumplimiento, ya que la Ley 26.741 exige la aprobación de dos tercios del Congreso para disponer del paquete accionario mayoritario de YPF. Además, el 51% de las acciones está distribuido entre el Estado nacional y las provincias productoras de hidrocarburos, que no fueron parte del proceso judicial en Nueva York. “Es un fallo que ignora la inmunidad soberana y la primacía de la Constitución Nacional”, afirmó el exdiputado Guillermo Carmona, quien subrayó que la decisión de Preska constituye un ataque a la soberanía argentina.
¿Qué sigue en el horizonte?
El gobierno argentino tiene 14 días para cumplir con la orden de Preska de transferir las acciones a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon. Sin embargo, la apelación anunciada por Milei podría demorar la ejecución hasta 2026 o 2027, dependiendo del trámite en la Corte de Apelaciones o, eventualmente, la Corte Suprema de Estados Unidos. Especialistas como Sebastián Maril, de Latam Advisors, indicaron que la jueza podría exigir una garantía de hasta 10.000 millones de dólares para suspender el fallo, algo que Argentina ya rechazó en 2023 por falta de fondos.
Mientras tanto, el fallo reaviva el debate sobre la soberanía energética y el rol de YPF, cuya recuperación en 2012 permitió el desarrollo de Vaca Muerta y generó exportaciones por miles de millones de dólares. Para Kicillof, la defensa de YPF es una causa nacional: “Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente. No permitiremos que se entregue”.
Con la investigación anunciada por Kicillof y la apelación del gobierno de Milei en marcha, el caso YPF promete mantener a Argentina en vilo, tanto en los tribunales internacionales como en la arena política local, de cara a las elecciones legislativas de 2025.
