El gobernador Axel Kicillof volverá a reclamar ante la Corte Suprema el pago de una deuda millonaria que afecta universidades, hospitales y barrios populares. El Gobierno nacional adeuda fondos previsionales, obras paralizadas y programas sociales discontinuados.
El gobernador Axel Kicillof volverá a reclamar ante la Corte Suprema el pago de una deuda millonaria que afecta universidades, hospitales y barrios populares. El Gobierno nacional adeuda fondos previsionales, obras paralizadas y programas sociales discontinuados.
La pulseada entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo judicial. Axel Kicillof anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo reclamo por una deuda de $12,1 billones que la administración de Javier Milei mantiene con el distrito más poblado del país.
Según el informe oficial, la deuda se divide en tres grandes rubros:
- Obras públicas paralizadas: $6,9 billones. Incluye 180 obras, convenios con universidades nacionales, infraestructura hospitalaria como el Hospital Néstor Kirchner, y mejoras en 253 barrios de 67 municipios.
- Fondos previsionales: $1,6 billones. Se trata de transferencias de ANSES a la caja provincial, que la Nación dejó de enviar desde 2024.
- Programas sociales discontinuados: $2,2 billones. Entre ellos, Potenciar Trabajo, Clubes a la Obra, Programa Remediar, asistencia alimentaria y medicamentos post-trasplante.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, explicó que esta será la séptima presentación judicial ante el máximo tribunal. “No es una deuda con un gobierno, es con el bienestar del pueblo de la provincia”, afirmó Kicillof en redes sociales.
La falta de fondos impacta directamente en obras de infraestructura educativa, sanitaria y urbana. Universidades con proyectos frenados, hospitales sin refacciones y barrios populares sin cloacas ni pavimento son parte del mapa del abandono.
Mientras tanto, la Provincia continúa con recursos propios algunas de las obras paralizadas, aunque advierte que el ahogo financiero pone en riesgo la planificación territorial y el desarrollo social.
La Corte Suprema ya intervino en causas similares de Córdoba y Santa Fe, donde se fijaron audiencias de partes. Buenos Aires exige el mismo trato, pero aún no ha obtenido respuesta.
