En medio de la tensión en la Legislatura bonaerense y las disputas internas del peronismo, el gobernador Axel Kicillof oficializó el envío de más de $1.800 millones provenientes de organismos internacionales a dos distritos clave del conurbano: La Matanza y Quilmes. Las inversiones se destinarán a obras de seguridad y servicios socioambientales, reforzando la gestión en territorios gobernados por dirigentes de peso dentro del oficialismo.
La resolución publicada en el Boletín Oficial este miércoles marca un movimiento estratégico del gobernador en un contexto de fuerte interna dentro del peronismo bonaerense. La Matanza, bajo la conducción de Fernando Espinoza, aliado directo de Kicillof, recibirá más de $1.300 millones para la construcción de dependencias policiales y un centro de seguridad ciudadana.
Quilmes, gobernado interinamente por Eva Mieri y con la influencia de la camporista Mayra Mendoza, contará con más de $400 millones para implementar un servicio socioambiental de recolección diferenciada en Villa Itatí, uno de los barrios más emblemáticos y postergados del distrito.
El trasfondo de la interna
La decisión de Kicillof no se limita a la gestión administrativa: se inscribe en un escenario político marcado por tensiones en la Legislatura bonaerense, donde las distintas tribus del peronismo disputan espacios de poder y capacidad de negociación. Al elegir dos distritos de peso, el gobernador busca equilibrar apoyos y mostrar capacidad de gestión en medio de la fragmentación interna. Espinoza representa el músculo territorial del PJ tradicional, mientras que Mieri y Mendoza encarnan la influencia de La Cámpora en el conurbano.
Impacto territorial y electoral
Las inversiones tienen un fuerte componente de visibilidad pública. En La Matanza, la construcción de nuevas dependencias policiales apunta a responder a una demanda ciudadana constante por mayor seguridad. En Quilmes, la implementación de un servicio socioambiental en Villa Itatí busca mejorar la calidad de vida en un barrio históricamente relegado, con alto impacto social y simbólico. Ambos proyectos refuerzan la presencia del Estado en zonas críticas y, al mismo tiempo, ofrecen capital político a los intendentes y al propio Kicillof, que necesita mostrar gestión concreta en un año atravesado por disputas internas y definiciones estratégicas para el futuro del peronismo bonaerense.
