El gobernador bonaerense pidió una audiencia urgente por fondos de la ANSES y denunció demoras en la resolución de su causa, mientras otras provincias ya lograron acuerdos con Nación.
Axel Kicillof volvió a la carga ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una deuda millonaria que el gobierno de Javier Milei mantiene con la provincia de Buenos Aires. En una nueva presentación judicial, el mandatario bonaerense reclamó una audiencia conciliatoria y cuestionó la falta de celeridad del tribunal, que aún no se expidió sobre el pedido original realizado en abril de 2024.
El reclamo se centra en la transferencia de fondos previsionales de la ANSES, destinados a cubrir el déficit de la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida a Nación. Según el escrito firmado por Kicillof y el fiscal de Estado Hernán Gómez, la deuda asciende a $1,6 billones solo por ese concepto, pero el total exigido por la administración bonaerense supera los $12,1 billones.
Antecedentes que incomodan
Kicillof fundamentó su pedido en los precedentes de Córdoba y Santa Fe, provincias que ya fueron convocadas por la Corte a audiencias conciliatorias y lograron acuerdos de pago en cuotas con el gobierno nacional. “Solicitamos el mismo tratamiento que se ha otorgado a otras provincias en procesos similares”, expresó el gobernador en su presentación.
La causa bonaerense, caratulada como “Buenos Aires, provincia contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad”, fue iniciada el 26 de abril de 2024. Desde entonces, la Corte no ha emitido resolución alguna, lo que motivó el nuevo reclamo por parte del Ejecutivo provincial.
El detalle de la deuda
El informe presentado por la Provincia desglosa el monto total en tres grandes rubros:
- Deudas directas: $3.044.800 millones (transferencias de ANSES, fondos educativos y sanitarios).
- Obras públicas comprometidas: $6.906.928 millones (incluye Procrear, infraestructura hospitalaria y convenios con universidades).
- Programas nacionales discontinuados o demorados: $2.165.919 millones (FONID, Potenciar Trabajo, asistencia alimentaria, entre otros).
La presentación también cuestiona el artículo 18 del decreto 280/2024, que modificó el mecanismo de transferencia de fondos previsionales, y exige su declaración de inconstitucionalidad.
Un reclamo con tono político
La ofensiva judicial se enmarca en una creciente tensión entre el gobierno nacional y las provincias por el reparto de fondos. “Mientras otras jurisdicciones avanzan, la Provincia sigue esperando una respuesta”, advirtió Kicillof, quien busca posicionarse como defensor del federalismo fiscal y de los derechos previsionales de los bonaerenses.
