El gobierno de Axel Kicillof estalló contra el cierre de Vialidad Nacional ordenado por Javier Milei, denunciando el abandono de las rutas y la retención de fondos millonarios. ¿Dónde está la plata de los impuestos? se preguntó Bianco. Una pelea que pone en jaque la seguridad y la economía de Buenos Aires.
En un nuevo capítulo de la tensa relación entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, el gobernador Axel Kicillof, a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, arremetió contra el presidente Javier Milei por la disolución de Vialidad Nacional, organismo clave en el mantenimiento de los corredores viales del país. La decisión, oficializada el pasado 8 de julio mediante el Decreto 461/2025, generó un fuerte rechazo en la gestión bonaerense, que denuncia un abandono deliberado de la infraestructura vial y una retención indebida de fondos que ascienden a 11,1 billones de pesos. “No usan la plata como corresponde”, sentenció Bianco, en un llamado a que el gobierno nacional invierta los recursos adeudados en la reparación de rutas esenciales para la producción y la seguridad vial.
Un cierre que profundiza el conflicto federal
La disolución de Vialidad Nacional, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y respaldada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se enmarca en la política de ajuste y reducción del Estado impulsada por Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Según el gobierno nacional, la medida busca erradicar la corrupción en la obra pública, asociada históricamente a casos como el de la causa Vialidad, que derivó en la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires, se interpreta como un nuevo golpe al desarrollo federal y a la conectividad de las regiones.
Carlos Bianco, en una declaración publicada este 14 de julio por el medio Infomiba, fue contundente: “Que usen los 11,1 billones de pesos que le quitaron a la provincia para reparar las rutas”. El ministro se refirió a los fondos recaudados a través de impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el extinto Impuesto PAIS, que, según la gestión de Kicillof, no han sido destinados a su propósito original: el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial. En 2024, la recaudación del ICL creció un 378,9%, pero la inversión de Vialidad Nacional en Buenos Aires cayó un 85,9% respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Infraestructura bonaerense.
El gobernador Kicillof, por su parte, reforzó el reclamo en un mensaje compartido en la red social X, donde afirmó: “Cuando nos sacás nuestros recursos, privás al pueblo de rutas, escuelas y centros de salud”. Este señalamiento no solo apunta al impacto en la infraestructura, sino también a la afectación en sectores clave como la educación y la salud, en un contexto donde la provincia reclama una deuda total de 7,8 billones de pesos al gobierno nacional, según un informe presentado en noviembre de 2024.
El impacto en las rutas bonaerenses
La provincia de Buenos Aires, que concentra nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios y más de 4.000 kilómetros de extensión, es una de las regiones más afectadas por el cese de actividades de Vialidad Nacional. Rutas estratégicas como la 3, 5, 7 y 33, fundamentales para la producción agrícola, ganadera y petroquímica, presentan un deterioro alarmante. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ya había denunciado en febrero de 2025 que el gobierno nacional retuvo 200.000 millones de pesos del ICL y 1 billón de pesos del Impuesto PAIS, recursos que debían destinarse a obras viales.
El abandono de estas rutas no solo compromete la competitividad económica, sino que también incrementa los riesgos para la seguridad vial. Incidentes recientes, como el choque frontal en la Ruta Nacional 3 que dejó cuatro muertos, o el accidente en la Ruta 7 que involucró a una combi del Ministerio de Seguridad bonaerense, han puesto en evidencia la gravedad de la situación. Intendentes de diversos signos políticos, desde el peronismo hasta el PRO, han elevado sus voces para exigir soluciones. María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio, y un grupo de jefes comunales de la Ruta 5, como Daniel Stadnik (Carlos Casares) y Sergio Barenghi (Bragado), han solicitado intervención urgente para abordar el estado crítico de estas vías.
Una medida con consecuencias sociales y económicas
El cierre de Vialidad Nacional no solo implica la paralización de obras y el abandono de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, sino también la pérdida de más de 5.500 empleos, según denuncias del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA). Graciela Aleñá, secretaria general del gremio, calificó la medida como “una vergüenza” que convertirá las rutas en “cementerios” y acusó al gobierno de Milei de desviar los fondos del ICL para otros fines, en lugar de invertirlos en infraestructura.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) también se expresó preocupación por el impacto en la logística y la seguridad vial, estimando que el mantenimiento anual de la red vial nacional requiere una inversión de 4.213 millones de dólares. La tercerización de 30.000 kilómetros de rutas “no rentables” y la concesión de 9.120 kilómetros a privados, como propone el gobierno, generan incertidumbre entre los actores del sector, que advierten sobre posibles aumentos en los peajes y la falta de claridad en los plazos de ejecución.
La respuesta del gobierno nacional y la reacción provincial
El gobierno de Milei justificó la disolución de Vialidad Nacional como un paso hacia la eficiencia y la eliminación de estructuras estatales “onerosas”. Adorni destacó que la medida generará un ahorro de 100 millones de dólares anuales y permitirá una mayor participación del sector privado en el mantenimiento vial. Las funciones de Vialidad han sido transferidas al Ministerio de Economía y a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Gendarmería Nacional asumirá tareas de control en las rutas.
Sin embargo, desde el entorno de Kicillof, la medida es vista como parte de un “plan sistemático de asfixia financiera” contra las provincias. Katopodis, en diálogo con Radio Provincia, calificó el cierre como “una bestialidad” que atenta contra la integración territorial del país. El ministro subrayó que la provincia continuará exigiendo, incluso por la vía judicial, la transferencia de los fondos adeudados y el traspaso de obras paralizadas para garantizar la conectividad y la seguridad de los bonaerenses.
Un conflicto que trasciende las rutas
El enfrentamiento entre Kicillof y Milei por el cierre de Vialidad Nacional refleja un conflicto más profundo sobre el modelo de país y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Mientras el gobierno nacional insiste en su narrativa de lucha contra la corrupción y el déficit fiscal, Buenos Aires reclama una asignación equitativa de los fondos coparticipables y una política de infraestructura que no deje a las provincias al borde del colapso.
En un contexto de creciente malestar social y económico, con accidentes viales en aumento y una infraestructura deteriorada, la gestión de Kicillof apuesta por visibilizar estas demandas para posicionarse como defensora de los intereses bonaerenses. “No estamos pidiendo favores, exigimos lo que nos corresponde por ley”, señaló el gobernador, en un mensaje que resuena no solo en su provincia, sino en otras regiones que enfrentan problemas similares.
La pregunta que queda en el aire, como planteó Bianco, es clara: ¿dónde está la plata de los impuestos que los argentinos pagan en cada carga de combustible? Mientras las rutas se deterioran y los reclamos se acumulan, el conflicto entre Buenos Aires y la Casa Rosada promete seguir escalando.
