En un encuentro histórico enel Consejo Federal de Inversiones, Axel Kicillof lidera la lucha por un reparto justo de la coparticipación con un proyecto de ley que promete más salud, educación y derechos. ¿Lograrán las provincias cambiar las reglas del juego federal?
En un contexto de tensiones fiscales y debates sobre el reparto de recursos en Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy un nuevo capítulo en la lucha por un federalismo más justo. Desde su cuenta en la red social X, el mandatario bonaerense destacó la importancia de trabajar en conjunto con sus pares de las 24 jurisdicciones nacionales para “defender los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo”. La declaración llegó tras un encuentro clave en el Consejo Federal de Inversiones, donde los gobernadores acordaron presentar un proyecto de ley que garantice una distribución equitativa de los fondos coparticipables.
“Junto a gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno de CABA acordamos en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la presentación de un proyecto de ley para garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables que les pertenecen a las provincias”, escribió Kicillof en X. El mensaje, que rápidamente generó repercusiones, subrayó el compromiso colectivo de “consolidar el federalismo” y asegurar que los recursos se traduzcan en “más salud, más educación, más infraestructura y más derechos” para los argentinos.
Un reclamo histórico en un contexto crítico
La coparticipación federal, mecanismo por el cual el Estado nacional distribuye parte de la recaudación impositiva a las provincias, ha sido un tema recurrente de conflicto en Argentina. La Ley de Coparticipación Federal, sancionada en 1988, establece que el 56,66% de los impuestos coparticipables se reparte entre las provincias, mientras que el 42,34% permanece en manos de la Nación. Sin embargo, las provincias, especialmente las más pobladas como Buenos Aires, han denunciado históricamente un desfasaje entre lo que aportan y lo que reciben.
En el caso de Buenos Aires, Kicillof ha señalado en reiteradas ocasiones que la provincia aporta entre el 32% y el 35% del PBI nacional, pero recibe solo el 19,93% de los fondos coparticipables, lo que se traduce en una coparticipación per cápita de las más bajas del país: $184.729 en 2023, solo por encima de la Ciudad de Buenos Aires. Esta disparidad, según el gobernador, limita la capacidad de financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
El encuentro de hoy, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Casa Rosada, reunió a gobernadores de todos los signos políticos, reflejando un consenso poco habitual en un país polarizado. La presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, añadió un matiz significativo, dado que la CABA también ha sido protagonista de disputas por la coparticipación, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema en 2022 que ordenó restituirle fondos recortados en 2020.
El proyecto de ley: un paso hacia el federalismo
El anuncio del proyecto de ley para reformar la distribución de la coparticipación marca un hito en los esfuerzos por actualizar un sistema que, según los gobernadores, no responde a las necesidades actuales. Kicillof destacó que la iniciativa busca garantizar que los recursos “vuelvan al pueblo” en forma de mejoras concretas en la calidad de vida. “Los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo son fundamentales para que las provincias puedan cumplir con sus responsabilidades”, afirmó en mayo pasado, en un reclamo que hoy encuentra eco en el acuerdo multipartidario.
El proyecto, cuya presentación aún no tiene fecha confirmada, deberá sortear un complejo camino legislativo. Según la Constitución Nacional, una nueva ley de coparticipación requiere la aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, con el Senado como cámara de origen, y la ratificación de las provincias. Este proceso, históricamente postergado, enfrenta resistencias debido a los intereses divergentes entre jurisdicciones más y menos dependientes de los fondos nacionales.
Tensiones con el Gobierno nacional
El anuncio llega en un momento de renovadas fricciones entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei. En mayo de 2025, gobernadores como Sergio Ziliotto (La Pampa) denunciaron que cambios en los anticipos de Ganancias y retenciones de IVA, implementados por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA), podrían costar a las provincias un billón de pesos en ingresos. Kicillof, por su parte, ha cuestionado medidas como la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Buenos Aires, decretada en febrero de 2024, que representó una pérdida de recursos clave para la provincia.
En este contexto, el proyecto de ley se presenta no solo como una propuesta técnica, sino como una señal política de unidad frente a lo que muchos gobernadores perciben como un intento de centralizar recursos en detrimento de las provincias. “No es verdad que no hay plata, el problema es para qué se usa”, afirmó Kicillof en mayo, una frase que resume el espíritu de su reclamo.
