La central obrera definió marchar el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto del Gobierno, al que considera inconstitucional y regresivo. Habrá protestas en todo el país y se abre una etapa de “resistencia”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un plan de acción nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y confirmó una movilización masiva el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo, en el inicio de lo que definieron como una “etapa de resistencia” frente a los cambios propuestos.
El Consejo Directivo se reunió en la sede de Azopardo, donde los principales dirigentes coincidieron en que el proyecto oficial vulnera derechos básicos, avanza sobre conquistas históricas y presenta puntos que consideran abiertamente inconstitucionales.
“Es un ataque directo a los derechos de los trabajadores”, sintetizaron referentes sindicales al salir del encuentro, donde también se resolvió convocar a las delegaciones regionales para ampliar la estrategia gremial.
Una protesta que busca volumen político y territorial
La marcha del 18 de diciembre no será solo porteña: la CGT confirmó que habrá movilizaciones simultáneas en todo el país, con el objetivo de mostrar músculo territorial y sumar a las dos CTA y a organizaciones sociales para ampliar la convocatoria.
En Plaza de Mayo, la central obrera espera reunir al menos 150 mil personas, en una demostración de fuerza que coincidirá con el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, lo que agrega un condimento político adicional a la jornada.
Gerardo Martínez (UOCRA) anticipó que el gremialismo responderá “con la misma velocidad con la que avanza el Poder Ejecutivo”, y que el plan de acción incluirá medidas graduales y sostenidas en el tiempo.
Los puntos más cuestionados del proyecto
Aunque el texto oficial aún genera debate interno, la CGT ya identificó varios aspectos que considera críticos:
- Cambios en las indemnizaciones, que según la central abren la puerta a un sistema más barato para las empresas y más riesgoso para los trabajadores.
- Flexibilización de modalidades de contratación, que para los gremios implica precarización y pérdida de estabilidad.
- Modificaciones en el derecho a huelga, que la CGT interpreta como un intento de limitar la protesta social.
- Reformas en convenios colectivos, que podrían debilitar la negociación sectorial.
Para la conducción cegetista, el proyecto “rompe el equilibrio entre capital y trabajo” y “retrocede décadas en materia de derechos laborales”.
Un escenario político que se recalienta
La decisión de la CGT llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, que ya habían advertido que no permitirían una reforma laboral “por decreto o por la fuerza”.
La movilización del 18 de diciembre será la primera gran demostración de fuerza del sindicalismo desde el inicio del nuevo ciclo político, y marcará el tono de la relación con la Casa Rosada en los próximos meses.
Mientras tanto, en el oficialismo aseguran que la reforma es necesaria para “modernizar el mercado laboral” y “generar empleo formal”, aunque la central obrera insiste en que el camino elegido “solo profundizará la desigualdad”.
