Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron por unanimidad el recurso del Ejecutivo y ratificaron la vigencia de la Ley 27.795. Para la UNLP y las casas de estudio de todo el país, el fallo consolida el acuerdo salarial alcanzado este mes.
La Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta al Gobierno este jueves: por unanimidad, los tres ministros del máximo tribunal rechazaron la apelación del Poder Ejecutivo y dejaron firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, es una derrota judicial para la gestión Milei, aunque llega cuando el grueso del conflicto ya estaba encauzado por la vía negociada.
Qué dice el fallo y por qué importa
El tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano argumentando que las presentaciones del equipo jurídico oficial no cumplían con los requisitos técnicos de admisibilidad: los recursos no se dirigían contra una sentencia definitiva, condición indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal.
En términos prácticos, la resolución unánime ratifica la vigencia de la norma que ordena la actualización de haberes del personal docente y no docente y la recomposición de los programas de asistencia estudiantil, frenando de manera temporal la aplicación del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo intentaba condicionar la ejecución presupuestaria aprobada por el Congreso.
Lo que la Corte no hizo es resolver el fondo del asunto. Los jueces aclararon expresamente que el fallo de este jueves no dictamina si un decreto de necesidad y urgencia puede o no suspender una ley del Congreso: esa discusión constitucional sigue pendiente.
El contexto: dos años de disputa y un acuerdo de último momento
El conflicto viene de lejos. Antes de esta resolución, el Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso insistió en su sanción y, una vez promulgada, el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. Luego de que la Cámara ratificara la cautelar, el Estado recurrió ante el máximo tribunal.
El intento de dilatar también incluyó una maniobra inusual: el Gobierno intentó recusar a los magistrados del máximo tribunal bajo el argumento de que ejercen la docencia, presentación que fue desestimada por inadmisible.
El giro vino recién a principios de junio. El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos. El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio.
Qué implica para la UNLP y el sistema universitario bonaerense
El fallo no genera nuevos desembolsos: el acuerdo del 10 de junio ya lo había definido. Pero sí le da al sistema universitario un respaldo judicial de máximo nivel que el Gobierno no puede ignorar.
Para la Universidad Nacional de La Plata —una de las más grandes del país, con más de 100.000 estudiantes y un peso decisivo en la economía local— la ratificación de la cautelar es la confirmación de que el camino judicial funcionó como presión efectiva. Las negociaciones salariales con gremios docentes y no docentes siguen abiertas: las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para discutir la actualización según la variación acumulada del IPC y la recomposición por el desfasaje de 2024.
El límite del fallo y lo que viene
La cautelar validada por la Corte tiene alcance limitado: dejó afuera de esta etapa la recomposición de las partidas generales de los años 2024 y 2025. La pelea por el financiamiento acumulado de esos dos años —cuando los presupuestos universitarios quedaron congelados mientras la inflación erosionaba salarios y gastos— todavía no tiene resolución.
El expediente principal, el que discute la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, sigue tramitándose en paralelo. Cuando llegue a la Corte con sentencia definitiva, el tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo: si el Ejecutivo puede o no usar un DNU para condicionar el cumplimiento de una ley del Congreso. Ese fallo, cuando ocurra, sí tendrá efectos estructurales sobre el sistema universitario argentino.
Por ahora, la señal es clara: tres jueces de la Corte Suprema, sin disidencias, le dijeron al Gobierno que no puede seguir apelando para esquivar una ley que el Parlamento aprobó dos veces.
