La titular de la UFI N°2 de La Plata, Betina Lacki, requirió que se dicte la prisión preventiva para los dos agentes legislativos detenidos desde diciembre, acusados de múltiples abusos sexuales y de liderar una organización coercitiva que operaba bajo el nombre “La Orden de la Luz”. El juez Juan Pablo Masi deberá resolver en un plazo de cinco días.
En las últimas horas, la fiscal Betina Lacki presentó formalmente el pedido de prisión preventiva contra Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense. La acusación incluye abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado, privación ilegal de la libertad y daños psicofísicos a las víctimas, en al menos ocho hechos registrados, algunos dentro de las oficinas de la Legislatura.
La audiencia clave
El juez de Garantías Juan Pablo Masi citó a una audiencia prevista por el artículo 168 bis del Código Procesal Penal, a pedido de la defensa de los imputados. Allí, los abogados podrán solicitar medidas alternativas como el arresto domiciliario o cuestionar la prueba presentada por la fiscalía. La audiencia se realizará este viernes a las 12 horas, y luego el magistrado tendrá cinco días para resolver si dicta la prisión preventiva.
Los acusados y la secta
Rodríguez y Silva Muñoz no solo eran empleados legislativos, sino también referentes de la agrupación política kirchnerista “Movimiento Ciudadano La Capitana”, desde donde captaban jóvenes con promesas de becas o empleos en la Legislatura. Según la investigación, bajo la fachada de la secta “La Orden de la Luz” sometían a las víctimas a abusos sexuales y prácticas coercitivas.
Contexto y repercusiones
El caso sacudió a la política bonaerense y generó un fuerte impacto institucional en el Senado provincial. La investigación continúa con la recolección de testimonios y pruebas, mientras las víctimas esperan que la Justicia avance con medidas concretas de protección y reparación. La resolución del juez Masi será clave para definir el futuro procesal de los acusados y marcará un precedente en causas de abuso sexual y coerción dentro de ámbitos estatales.
