El juez federal Ernesto Kreplak ordenó una serie de allanamientos clave en la investigación del fentanilo contaminado que provocó una ola de muertes en varios hospitales argentinos. Tres droguerías y dos laboratorios están bajo la lupa judicial mientras crecen las dudas sobre negligencias y posibles irregularidades en la cadena de producción y distribución. Conoce todos los detalles de esta crisis sanitaria que conmociona al país.
La Justicia federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ordenó el allanamiento simultáneo de tres droguerías y dos laboratorios en el marco de la investigación por el caso del fentanilo contaminado que ya causó la muerte de 33 personas en Argentina.
Los operativos se realizaron en las instalaciones de los laboratorios HLB Pharma Group S.A., ubicado en San Isidro, y Laboratorios Ramallo S.A., en la ciudad de Ramallo, ambos señalados como los elaboradores del fármaco contaminado. Además, se allanaron tres droguerías que distribuyeron el producto: Santa Fe, Glamamed y Alpharma, esta última vinculada directamente a los laboratorios investigados. También se incluyó a la droguería rosarina Nueva Era, que vendió el lote contaminado al Hospital Italiano de La Plata, institución que alertó sobre el problema tras detectar varios fallecimientos asociados al uso del fentanilo contaminado.
En los procedimientos anteriores, realizados la semana pasada, se secuestraron 23 botellas de fentanilo de 500 mililitros, 2.400 ampollas, tres bidones con un total de 4,8 kilos de sustancia, 17 cajas con 3.000 unidades del producto, además de documentación y otros elementos clave para la causa[1][3][5]. La ANMAT detectó que el fentanilo estaba contaminado con bacterias resistentes a antibióticos —Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae— que provocaron infecciones fatales en pacientes, la mayoría internados en terapia intensiva.
El juez Kreplak busca con estos nuevos allanamientos recolectar documentación que permita esclarecer la cadena de compra y distribución del fentanilo contaminado, para determinar responsabilidades en la tragedia que afecta a hospitales y clínicas de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este caso ha puesto en alerta al sistema de salud argentino y ha generado una investigación judicial profunda para esclarecer si hubo negligencia, encubrimiento o incluso sabotaje en la producción y distribución del medicamento de uso clínico.
