La Justicia penal de La Plata confirmó la prisión preventiva para los dos empleados del Senado bonaerense señalados como protagonistas de una investigación por abusos sexuales agravados, amenazas y privación ilegal de la libertad, cuya complejidad creció a lo largo de más de una década de denuncias y testimonios.
El juez de Garantías Juan Pablo Masi resolvió hacer lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki para que Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz permanezcan detenidos mientras avanza la instrucción penal. La medida rige hasta que se celebre la etapa de juicio oral.
Ambos están acusados no sólo de abuso sexual con acceso carnal agravado, sino también de privación ilegítima de la libertad, amenazas y violación de domicilio, en hechos que —según el expediente— alcanzan al menos nueve episodios documentados con múltiples víctimas jóvenes.
Cómo empezó y cómo se consolidó la causa
La investigación se inició formalmente años atrás, con una primera denuncia que data de 2015, aunque no tomó impulso hasta que, entre 2019 y 2025, varias mujeres se presentaron ante la fiscalía de la UFI N.º 2 de La Plata relatando un patrón de captación bajo promesas de trabajo, estudios y acceso a espacios políticos.
La hipótesis fiscal describe una estructura funcional con rasgos de secta, denominada “La Orden de la Luz”, operada por los imputados dentro de un entorno que combinaba funciones legislativas con espacios paralelos de cooptación y control.
Parte de los abusos denunciados, que incluyen manipulación psicológica y violencia, habrían ocurrido dentro de la propia oficina conocida como “007” del Senado bonaerense, dependiente de la Presidencia de la Cámara Alta provincial, lo cual potenció la gravedad institucional del caso.
Detenciones, imputaciones y riesgo procesal
Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre de 2025 en La Plata luego de varios procedimientos que incluyeron allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos.
La fiscalía sostiene que las víctimas, en su mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad, fueron captadas a través de su supuesta militancia política —incluida una vinculación con agrupaciones kirchneristas— y luego sometidas a abuso, amenazas e incluso privaciones de libertad.
La decisión de dictar prisión preventiva se fundó en la existencia de riesgo procesal, es decir, el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, así como en la necesidad de proteger a las denunciantes hasta que el expediente llegue a juicio oral.
Avances y próximos pasos en la instrucción
La causa sigue en etapa de instrucción penal, con la fiscalía ampliando la recolección de pruebas, peritajes técnicamente complejos sobre los dispositivos secuestrados y la incorporación de testimonios adicionales.
La defensa de los imputados, por su parte, ya anticipó que analizará la posibilidad de morigerar la medida a una detención domiciliaria en instancias posteriores, una estrategia frecuente en esta etapa procesal.
Repercusiones políticas y demandas de pronunciamiento
El escándalo trascendió lo judicial y se coló en la arena política provincial: legisladoras del peronismo bonaerense impulsaron un proyecto para que el Senado provincial se pronuncie sobre lo ocurrido y exija celeridad en la investigación, acompañamiento integral a las víctimas y claridad institucional ante hechos de esta naturaleza.
Ese pedido, que apunta a visibilizar el caso dentro de la propia Cámara Alta, refleja la tensión entre el abordaje penal y la agenda política en torno a un episodio que involucra violencia de género, prácticas sectarias y vínculos institucionales.
