El Tribunal Oral Federal 2 limitó a tres personas por encuentro las visitas a la ex presidenta, que cumple prisión domiciliaria. La medida se tomó luego de que recibiera a nueve economistas en su departamento de Recoleta.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió imponer nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la ex mandataria recibiera a nueve economistas en su domicilio de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La imagen del encuentro, difundida en redes sociales, generó revuelo político y judicial.
La resolución, firmada por el juez Jorge Gorini, establece que las visitas a la ex presidenta no podrán superar las tres personas por vez, se limitarán a dos veces por semana y tendrán un máximo de dos horas de duración.
El argumento: incumplimiento del régimen
Según el fallo, Cristina Kirchner habría incumplido las condiciones de su prisión domiciliaria al recibir a nueve personas sin autorización judicial. El TOF 2 consideró que el encuentro excedió los límites razonables para una persona condenada y bajo custodia, y que se trató de una “provocación” en el marco del Día de la Militancia.
La decisión judicial también contempla una supervisión trimestral del régimen de visitas y mantiene las excepciones para familiares, abogados, médicos y personal de seguridad.
Repercusiones políticas y simbólicas
La reunión con economistas, entre ellos Alfredo Zaiat, Fernanda Vallejos y Hernán Letcher, fue interpretada como un gesto político de la ex presidenta, que aún conserva influencia dentro del peronismo. La foto del encuentro circuló ampliamente en redes sociales y medios, reactivando el debate sobre su rol en la coyuntura actual.
Desde sectores opositores se cuestionó la “flexibilidad” del régimen de prisión domiciliaria, mientras que en el oficialismo hubo silencio o cautela. La medida del TOF 2 busca marcar un límite institucional en un contexto de alta sensibilidad política.
Contexto judicial: la causa Vialidad
Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue hallada culpable de administración fraudulenta. La sentencia fue dictada en diciembre de 2022 y ratificada en instancias superiores, aunque aún resta la revisión final de la Corte Suprema.
La expresidenta ha sostenido que es víctima de una persecución judicial y mediática, y ha utilizado sus redes sociales para denunciar lo que considera una “proscripción política”.
