La investigación judicial sobre la millonaria mansión ubicada en Pilar y vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, atraviesa un punto de inflexión que excede lo estrictamente técnico. La Cámara Federal de San Martín resolvió apartar al juez Marcelo Aguinsky y trasladar el expediente al Juzgado Federal de Campana, una decisión que reconfigura el tablero judicial de una causa con fuertes derivaciones políticas, económicas y deportivas.
El fallo implica un revés para el fuero Penal Económico porteño y abre un nuevo escenario en una investigación que pone bajo la lupa el funcionamiento interno de la AFA, una estructura históricamente atravesada por vínculos con el poder político de turno, más allá de los cambios de gobierno.
Una decisión judicial con lectura política
La Cámara fundamentó su resolución en un criterio clave: la competencia territorial. Al considerar que el bien investigado —una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar— se encuentra fuera de la Ciudad de Buenos Aires, los camaristas entendieron que la causa debía tramitar en Campana, donde se asienta el juzgado federal correspondiente.
Sin embargo, el corrimiento de Aguinsky no puede leerse solo como una discusión de jurisdicción. El magistrado había sostenido que el núcleo del expediente era una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, entidad con sede en CABA, y que por lo tanto la causa debía permanecer bajo su órbita. Ese argumento fue rechazado, dejando en evidencia una puja judicial que también refleja tensiones de poder.
Qué se investiga en la causa de la AFA
El expediente se originó a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y apunta a determinar si la compra de la propiedad fue realizada a través de presuntos testaferros del tesorero de la AFA. Formalmente, los titulares de la mansión son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, vinculados a una sociedad comercial que figura como compradora del inmueble.
La investigación se centra en una diferencia clave: mientras la operación habría sido declarada por un monto cercano a 1,8 millones de dólares, distintas valuaciones oficiales ubican el valor real del inmueble en torno a los 17 millones, una brecha que activó sospechas sobre el origen de los fondos y la posible utilización de estructuras societarias para ocultar patrimonios.
Más que una casa: consumos, vehículos y fondos bajo la lupa
La causa no se limita a la adquisición de la mansión. También se analizan consumos con tarjetas vinculadas a la AFA, movimientos de vehículos de alta gama y la utilización del inmueble por personas del entorno dirigencial. El eje central es determinar si existió un circuito de fondos irregular conectado con la conducción del fútbol argentino.
En ese contexto, el expediente se volvió un punto sensible para la dirigencia de la AFA, en un momento donde el discurso público del Gobierno nacional pone el acento en la transparencia y el ajuste, pero convive con viejas estructuras de poder que siguen operando con lógicas propias.
Campana y un juez con antecedentes incómodos
Con el traslado del expediente, la causa quedó en manos del juez federal Adrián González Charvay, un magistrado con trayectoria en investigaciones complejas y antecedentes de fallos que no siempre alinearon con los intereses del poder político, incluido el actual gobierno de Javier Milei.
González Charvay ya había aceptado el planteo de los imputados para que la causa se radicara en su juzgado, postura que ahora fue respaldada por la Cámara Federal. Desde Campana, el juez deberá definir si profundiza las medidas de prueba o si la investigación ingresa en una etapa de menor exposición pública.
Una causa abierta en un contexto sensible
El cambio de juez no implica el cierre del expediente, pero sí marca un giro relevante. En la práctica, las causas que involucran al poder real en la Argentina suelen definirse tanto por su contenido como por el juzgado que las tramita.
Para La Plata y la región, donde el cruce entre política, Justicia y fútbol siempre genera impacto, el caso vuelve a mostrar cómo los grandes debates no se juegan solo en el Congreso o la Casa Rosada, sino también en los tribunales federales del conurbano bonaerense.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿avanzará la investigación sobre el entramado económico de la AFA o quedará diluida en el laberinto judicial?
