La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al gobierno de Javier Milei aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, calificando de “poco serios” los argumentos oficiales para evitar su cumplimiento. El fallo obliga a recomponer salarios docentes y becas estudiantiles, en medio de un conflicto que golpea de lleno a las universidades públicas del país, incluida la UNLP.
El tribunal rechazó la apelación del Ejecutivo y declaró inaplicable el decreto que suspendía la norma. La medida impacta directamente en la Universidad Nacional de La Plata y en el sistema público de educación superior.
Un revés judicial con impacto político
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que obliga al Estado nacional a ejecutar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.
El fallo cuestiona con dureza la estrategia del Ejecutivo, al señalar que sus planteos carecen de seriedad y que el derecho a la educación superior no puede quedar supeditado a decisiones discrecionales.
Consecuencias inmediatas
- Recomposición salarial para docentes y no docentes.
- Actualización de becas estudiantiles, clave para sostener la permanencia en las universidades.
- Adecuación de partidas presupuestarias conforme a lo previsto por la ley.
En La Plata, la UNLP y sus facultades venían reclamando un refuerzo presupuestario para afrontar paros y medidas de fuerza que se multiplicaron en las últimas semanas. El fallo judicial refuerza esos reclamos y coloca al Gobierno contra las cuerdas.
Lectura política y económica
El revés llega en un momento de alta tensión para Milei, con cuestionamientos internos y externos a su gabinete. La decisión judicial expone la fragilidad de la estrategia oficial de ajuste y abre un nuevo frente de conflicto con el sistema universitario, que en La Plata tiene un peso social y político decisivo.
La discusión no es solo presupuestaria: se trata de la capacidad del Estado de garantizar derechos básicos frente a un modelo que prioriza la reducción del gasto público.
Escenario posible
Si el Gobierno acata el fallo pero insiste en apelar ante la Corte Suprema, el conflicto podría prolongarse. Mientras tanto, las universidades —con la UNLP a la cabeza— presionarán para que los fondos lleguen de inmediato y se evite un deterioro mayor en salarios y programas de apoyo estudiantil.
