El influencer fue citado por una denuncia del Colegio de Nutricionistas bonaerense por presunto ejercicio ilegal de la profesión. No acudió a la audiencia y hay inconsistencias entre su domicilio fiscal y el registrado en el Renaper.
El Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, emitió una orden de búsqueda para dar con el paradero de Santiago Maratea, luego de que el influencer no se presentara a declarar el pasado 26 de septiembre. La citación judicial surgió a raíz de una denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de ejercer ilegalmente la profesión tras difundir en redes sociales recomendaciones alimentarias sin contar con matrícula habilitante.
La causa también contempla presuntos daños e injurias, vinculados a publicaciones en las que Maratea promocionaba productos nutricionales, lo que generó preocupación en el ámbito profesional por el alcance y la influencia de sus mensajes.
Domicilios en conflicto y paradero incierto
Según fuentes judiciales, Maratea fue debidamente notificado para comparecer ante el tribunal, pero no se presentó. Al intentar localizarlo, las autoridades detectaron inconsistencias entre su domicilio fiscal y el registrado en el Renaper, lo que dificultó su ubicación y llevó a activar un protocolo de búsqueda para asegurar su comparecencia.
Estas contradicciones burocráticas abren interrogantes sobre la trazabilidad legal del influencer, quien mantiene una fuerte presencia en redes pero escasa claridad sobre su residencia formal.
Influencia digital bajo la lupa judicial
El caso pone en tensión el rol de los influencers en la esfera pública, especialmente cuando sus contenidos rozan áreas reguladas como la salud y la nutrición. Maratea, conocido por campañas solidarias y mensajes virales, enfrenta ahora una causa penal que podría sentar precedente sobre los límites del activismo digital y la responsabilidad profesional en redes.
Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense insisten en que la divulgación de consejos alimentarios sin formación ni habilitación representa un riesgo para la salud pública, y que el alcance de figuras como Maratea exige mayor regulación.