La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y lo obligó a ejecutar la ley votada por el Congreso. En La Plata, el fallo impacta de lleno en la UNLP, en medio de paros, caída salarial y nuevas protestas en agenda.
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades sumó un capítulo clave este martes: la Justicia le ordenó a la administración de Javier Milei aplicar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo llega en plena escalada del conflicto y con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) atravesada por medidas de fuerza que ya afectan el dictado de clases.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y confirmó la cautelar que lo obliga a cumplir con la norma sancionada por el Congreso. El mensaje es claro: la ley está vigente y debe ejecutarse.
Salarios, becas y una deuda acumulada
El núcleo de la resolución apunta a dos aspectos sensibles del sistema: los salarios y el sostenimiento estudiantil.
La Justicia ordenó actualizar los haberes de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025. También exigió recomponer los programas de becas, un punto crítico en un contexto de caída del poder adquisitivo.
En La Plata, donde la UNLP concentra a miles de estudiantes de la región, el deterioro salarial ya se traduce en menor presencialidad, dificultades para sostener cátedras y un creciente malestar gremial.
Los docentes estiman que perdieron alrededor de un 40% de su poder de compra desde la llegada de Milei, un dato que explica el nivel de conflictividad actual.
Un fallo que cuestiona al Gobierno
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron especialmente duros con la estrategia oficial. Calificaron como “poco serios” los argumentos del Gobierno y descartaron que la medida cautelar implique una intromisión indebida del Poder Judicial.
Además, señalaron que el impacto fiscal de aplicar la ley es “bajo” y que no se afecta el interés público. Por el contrario, advirtieron que lo que está en juego es un derecho constitucional: el acceso a la educación superior.
El fallo también deja en una posición incómoda al Ejecutivo respecto del Decreto 759/2025, que había suspendido la aplicación de la ley bajo el argumento de falta de financiamiento. Para la Justicia, esa decisión presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
La Plata: paros, tensión y calendario de protestas
En la capital bonaerense, el conflicto no es abstracto. La UNLP viene de semanas de paro docente y no docente que impactaron directamente en el inicio del ciclo académico.
A eso se suma una agenda que anticipa más tensión:
- Se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril.
- Ya hay otros cinco días de paro convocados para la última semana del mes.
El dato político no es menor: La Plata suele ser uno de los principales focos de movilización universitaria del país, por volumen estudiantil y peso institucional.
Un conflicto que escala desde 2024
La pelea por el financiamiento universitario no es nueva. Comenzó a escalar cuando el Congreso aprobó la ley para garantizar actualización presupuestaria y recomposición salarial.
Milei la vetó, pero el Congreso rechazó ese veto y la norma quedó firme. Sin embargo, el Gobierno la promulgó sin asignarle recursos, lo que en la práctica la dejó congelada.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley no define con claridad su financiamiento y advierten sobre su impacto fiscal. La Justicia, en cambio, ya fijó una posición: la falta de ejecución vulnera derechos básicos.
Lo que viene: entre la negociación y la judicialización
El fallo no cierra el conflicto, pero lo reconfigura. Obliga al Gobierno a moverse en un terreno más incómodo, donde la discusión ya no es solo política o presupuestaria, sino también judicial.
En paralelo, el oficialismo analiza impulsar una nueva ley que reemplace el esquema actual y ordene el financiamiento con respaldo del Congreso. El problema es el timing: el conflicto en las universidades corre más rápido que cualquier negociación legislativa.
Proyección
Si no hay una señal concreta en el corto plazo —ya sea vía recomposición salarial o transferencia de fondos—, el escenario apunta a una profundización del conflicto. En ciudades como La Plata, donde la universidad es un actor central, el impacto no solo será educativo: también económico y social.
