El conflicto por la contaminación de los afluentes que desembocan en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata volvió a escalar y sumó un elemento de máxima gravedad: el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, denunció haber recibido amenazas en medio de la disputa con el Gobierno bonaerense.
La causa, que impacta directamente en La Plata, Berisso y Ensenada, combina un reclamo ambiental de larga data con un fuerte choque institucional que ahora también expone tensiones dentro del propio proceso judicial.
Un embargo millonario que presiona las cuentas bonaerenses
Días atrás, el magistrado ordenó un embargo superior a los $157 mil millones contra la Provincia de Buenos Aires. La medida busca garantizar el financiamiento de obras clave para el tratamiento de efluentes cloacales que hoy se descargan sin procesamiento en el sistema hídrico de la región.
En esa línea, Recondo intimó al Ejecutivo provincial a informar en un plazo de 24 horas las cuentas bancarias alcanzadas por la medida. Los fondos deberán ser depositados en una cuenta judicial, bajo modalidad de plazo fijo, hasta que se inicien las obras de saneamiento.
El impacto potencial no es menor: la ejecución del embargo podría tensionar aún más las ya ajustadas finanzas bonaerenses.
La respuesta de la Provincia y la apelación en curso
Desde el gobierno de Axel Kicillof cuestionaron la decisión judicial y avanzaron con una apelación ante la Cámara correspondiente.
El argumento central apunta a que las obras exigidas dependen del financiamiento nacional, por lo que —según sostienen— no puede recaer exclusivamente sobre la Provincia una responsabilidad que consideran compartida.
Mientras se resuelve ese planteo, el embargo continúa vigente, lo que mantiene abierto un escenario de incertidumbre política y financiera.
Cruce con la Fiscalía de Estado y advertencia del juez
El conflicto sumó tensión tras la intervención del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, quien pidió modificar el alcance del embargo y cuestionó el oficio enviado a la entidad bancaria.
Además, advirtió que la medida podría afectar el funcionamiento administrativo de la Provincia y dejó planteada la posibilidad de recurrir al Consejo de la Magistratura.
La respuesta del juez fue inmediata: dejó sin efecto el oficio inicial y emitió uno nuevo, pero incluyó una advertencia directa al funcionario para que se abstenga de formular expresiones que puedan interpretarse como amenazas.
Una causa ambiental que sigue sin resolverse
El expediente se inició en 2020 y pone el foco en la falta de infraestructura para tratar los líquidos cloacales en la región capital.
La Justicia investiga el impacto ambiental y sanitario de estas descargas, en una zona donde el Arroyo El Gato funciona como eje de un sistema hídrico que conecta directamente con el Río de la Plata.
Las obras previstas contemplan un sistema integral para captar, transportar y tratar los efluentes. Sin embargo, la discusión sobre quién debe financiar esos trabajos sigue demorando una solución de fondo.
Un conflicto abierto y con impacto local
Con el embargo vigente y la apelación en análisis, el caso sigue sumando capítulos en un escenario donde se cruzan variables judiciales, políticas y económicas.
Para La Plata y la región, el trasfondo es claro: un problema ambiental estructural que, más allá de la disputa entre Nación, Provincia y Justicia, continúa sin una respuesta concreta.
