La sede regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) volvió a ser blanco de un allanamiento ordenado por la Justicia federal, en el marco de una investigación por supuestas maniobras fraudulentas en la gestión de radares de tránsito y fotomultas. El operativo, ejecutado por efectivos de Gendarmería, fue dispuesto por el juez federal Ernesto Kreplak, quien busca determinar si existieron contrataciones irregulares con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) y distintos municipios bonaerenses.
La causa apunta a un presunto esquema de triangulación de fondos públicos a través de convenios entre la UTN, CECAITRA y gobiernos municipales. Según fuentes judiciales, los investigadores detectaron vínculos directos entre empleados de la cámara empresaria y la universidad: personas que, en simultáneo, firmaban contratos desde ambos lados del escritorio, lo que generaría un grave conflicto de intereses.
Uno de los elementos clave que impulsó el nuevo procedimiento judicial fue el hallazgo de formularios de distribución de ingresos que, supuestamente elaborados por la UTN, estaban asociados directamente a cuentas bancarias de CECAITRA, sin pasar por los mecanismos administrativos oficiales de la universidad. Esta irregularidad agrava las sospechas sobre el uso de instituciones académicas como pantalla para canalizar ingresos sin control ni transparencia.
El caso no se limita a La Plata. Desde el juzgado federal de Tres de Febrero también se investigan maniobras similares en once municipios bonaerenses, entre ellos La Matanza, Morón, General Pueyrredón, San Isidro y Zárate. En esa causa intervienen el juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paulo Starc, con colaboración del propio Kreplak. Allí se investiga el rol de distintas empresas del sector, como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., que también habrían estado involucradas en convenios con escasa supervisión estatal.
La lógica detrás del negocio de las fotomultas es prácticamente la misma en todos los distritos: el 20% de lo recaudado queda para la Provincia, mientras que el 80% restante se divide entre municipios y prestadores. Sin embargo, en la práctica, buena parte de esos fondos terminarían en manos de empresas privadas o fundaciones vinculadas a universidades, dejando a los municipios con apenas una fracción de lo prometido y, en muchos casos, sin que estas entidades figuren en los registros de proveedores del Estado.
En paralelo, otra investigación se tramita en la Justicia penal platense. El fiscal Álvaro Garganta instruye una causa que involucra a la exgestión del Ministerio de Transporte bonaerense, encabezada por Jorge D’Onofrio. Allí se investiga si se otorgaron beneficios indebidos a CECAITRA, además de autorizarse allanamientos tanto en la sede de la cámara como en el domicilio particular de su presidente.
Como contracara, D’Onofrio denunció también a la empresa Secutrans S.A., a la que acusa de operar con al menos 50 equipos de radares sin respaldo administrativo. Incluso pidió que se le retire el carácter de “particular damnificado” a su exresponsable, Leandro Camani, señalando que la falta de documentación valida pondría en duda el valor legal de las infracciones y los montos cobrados en consecuencia.
El trasfondo de estas causas pone el foco en el rol de ciertos actores que, amparados en convenios institucionales, habrían facilitado la derivación de recursos públicos hacia circuitos de escaso control. La Justicia ahora intenta determinar si universidades públicas como la UTN actuaron como plataformas de legalización de contratos irregulares, en detrimento de los municipios y, por ende, de los contribuyentes.
Para los lectores de La Plata, donde la UTN es una institución de fuerte presencia educativa y social, el avance de estas causas no solo pone en la mira a un actor académico relevante, sino que también invita a repensar el funcionamiento de los sistemas de control de infracciones, cuya opacidad podría estar afectando directamente los recursos de la ciudad.
