La provincia de Buenos Aires cerró enero último con una caída significativa de los envíos de recursos federales vía coparticipación que, ya ajustados por inflación, redujeron en términos reales los fondos disponibles para sus cuentas públicas. El impacto se siente en un contexto donde los gobiernos subnacionales buscan recomponer ecuaciones fiscales que se tensan desde fines de 2024.
Según informes oficiales y análisis económicos, los recursos transferidos por el Estado nacional a las provincias durante el primer mes del año registraron una caída interanual real cercana al 7,5%, con una fuerte contracción del impuesto al valor agregado (IVA), que explica la mayor parte del retroceso.
¿Qué significa “pérdida real” en coparticipación?
Si bien en términos nominales los fondos transferidos crecieron por encima de la inflación, la corrección por el alza de precios transforma esa aparente mejora en una reducción de capacidad real de gasto para los gobiernos provinciales. Buena parte de ese recurso proviene del IVA y del impuesto a las Ganancias, gravámenes que concentran cerca del 95% de la masa coparticipable y que, en el arranque de 2026, mostraron dinámicas débiles frente al aumento general de los costos.
La provincia de Buenos Aires —jurisdicción con la economía y población más grandes del país— fue una de las más afectadas. En términos reales, el ingreso por coparticipación cayó varios puntos porcentuales, reduciendo la cantidad de recursos disponibles para áreas sensibles como educación, salud, seguridad y obra pública.
Entre discursos políticos y números fiscales
Desde el gobierno bonaerense se ha subrayado la tensión que genera en las finanzas provinciales esta caída de recursos automáticos, que se traduce en menor margen de maniobra para cumplir con obligaciones corrientes y compromisos estructurales. El ministro de Economía provincial, Pablo López, había advertido meses atrás sobre la gravedad del fenómeno: para 2024 la coparticipación neta ya había registrado una caída cercana a dos dígitos interanuales, atribuyendo el deterioro al esquema tributario nacional y la menor recaudación de impuestos clave.
La discusión fiscal también se cruza con debates legislativos de alcance nacional. El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional —que propone reducir la alícuota de Ganancias para sociedades— ha despertado reparos entre mandatarios provinciales, que condicionan su apoyo a la aprobación de compensaciones fiscales para mitigar el impacto sobre sus recursos.
Impacto en la gestión local y regional
La caída real de coparticipación no solo tensiona las cuentas de la provincia, sino que también repercute en los municipios que dependen de esos giros para sostener servicios esenciales y cumplir con salarios y ejecución de obras. En ámbitos técnicos se advierte que una merma en los fondos automáticos obliga a repensar prioridades presupuestarias ya en el primer trimestre del año, que concentra compromisos salariales, operativos y de inversión productiva.
En la región de La Plata, donde los servicios públicos, la educación y la salud constituyen pilares clave de la gestión, esta situación fiscal se traduce en debates sobre sostenibilidad presupuestaria y en la búsqueda de alternativas que compensen la pérdida de recursos federales.
¿Hacia dónde va la pulseada fiscal?
Mientras los gobernadores de diversas provincias buscan mecanismos compensatorios y plantean reservas frente a las reformas impositivas propuestas desde Nación, el debate sobre federalismo fiscal está lejos de cerrarse. El entramado político-económico que rodea a la coparticipación vuelve a poner en primer plano no solo la asistencia financiera entre niveles de gobierno, sino la eficacia de ese sistema para responder a las necesidades de distritos con mayores necesidades estructurales.
