Presentaron un proyecto de ordenanza que busca eliminar la participación de organizaciones y terceros en la distribución de planes sociales, promoviendo un régimen municipal de entrega directa para garantizar transparencia y eficiencia.
En un contexto donde la distribución de beneficios sociales ha sido cuestionada por la intervención de intermediarios, el PRO en La Plata ha dado un paso audaz. El concejal Nicolás Morzone presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación de un “Régimen regulatorio para la entrega directa de Beneficios Sociales” en el ámbito municipal.
La iniciativa, que busca ser tratada en el Concejo Deliberante, tiene como objetivo principal prohibir la participación de terceros —organizaciones sociales, representantes o cualquier persona física o jurídica ajena a las autoridades municipales— en los procesos de entrega de asistencia social. Esta medida, según sus impulsores, responde a la necesidad de garantizar transparencia, reducir la burocracia y asegurar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios.
Un cambio de paradigma en la asistencia social
La propuesta surge en un momento clave para la ciudad, donde la gestión de los planes sociales ha estado bajo escrutinio. Según publicaciones recientes en medios locales, como El Editor Platense y Impulso Baires, el proyecto de Morzone busca alinear las políticas locales con iniciativas nacionales que promueven la eliminación de intermediarios en la entrega de asistencia. En este sentido, el concejal argumenta que la intervención de organizaciones sociales y otros actores ha generado, en muchos casos, opacidad y desvíos en la asignación de recursos, afectando a los sectores más vulnerables de la población.
El proyecto establece que todos los beneficios sociales otorgados por el Departamento Ejecutivo municipal —como subsidios, alimentos, materiales de construcción o cualquier tipo de asistencia— deberán ser gestionados exclusivamente por las autoridades estatales. Esto incluye la prohibición expresa de que organizaciones sociales, cooperativas o privados actúen como intermediarios en la distribución. “Queremos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin filtros ni condicionamientos externos”, afirmó Morzone en declaraciones citadas por Impulso Baires.
El contexto nacional y antecedentes locales
La iniciativa del PRO en La Plata no es un hecho aislado. A nivel nacional, el gobierno ha implementado medidas similares, como la reglamentación de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, que reemplazaron al Potenciar Trabajo tras detectarse irregularidades en su administración. Según Infobae, estas políticas buscan eliminar la intermediación de movimientos sociales y municipios, que en algunos casos manejaban fondos millonarios con poca fiscalización. En La Plata, la propuesta de Morzone se inspira en estas reformas, adaptándolas al ámbito municipal para reforzar el control estatal sobre los recursos.
Además, el proyecto llega tras recientes debates en la ciudad sobre la gestión de los beneficios sociales. En 2021, el Concejo Deliberante aprobó la creación del Banco de Tierras, un organismo destinado a gestionar terrenos municipales para fines sociales, como viviendas y espacios comunitarios. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha enfrentado críticas por la falta de transparencia en algunos procesos, lo que refuerza la relevancia de la iniciativa del PRO.
Reacciones y desafíos
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sectores alineados con el oficialismo municipal y el PRO celebran la medida como un avance hacia una gestión más eficiente y justa. Por otro lado, organizaciones sociales y algunos concejales de la oposición han expresado preocupación, argumentando que la eliminación de intermediarios podría dificultar el acceso a los beneficios para las comunidades más alejadas o con menor acceso a los canales burocráticos municipales. “Las organizaciones cumplen un rol clave en identificar necesidades y llegar a los barrios”, señaló un referente de una cooperativa local.
Otro desafío será la capacidad del municipio para absorber la logística que implica la entrega directa. La Agencia Platense de Recaudación (APR), encargada de gestionar recursos fiscales, podría jugar un rol central en la implementación del régimen, pero aún no está claro cómo se reorganizarán las reparticiones para cumplir con esta nueva modalidad.
El proyecto de Morzone, que aún debe ser debatido y aprobado en el Concejo Deliberante, representa un intento de transformar la manera en que La Plata gestiona sus políticas sociales.
