El Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata resolvió a favor del recurso de amparo presentado por el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su pareja, tras la negativa de un colegio de City Bell a renovar la matrícula de sus hijos. La sentencia calificó la decisión como “discriminación indirecta” y obliga a garantizar la continuidad educativa de Renata y Benicio, este último diagnosticado con autismo.
La resolución judicial, emitida el 20 de noviembre de 2025, reconoció que la exclusión de los hermanos Rey constituyó un acto de discriminación indirecta por motivos de discapacidad. El tribunal subrayó que la institución educativa no pudo justificar su accionar y que la medida generaba un impacto desproporcionado sobre el niño con TEA y su entorno familiar.
El fallo ordena al colegio garantizar la continuidad escolar hasta el fin de los ciclos educativos, marcando un precedente que podría beneficiar a otras familias que enfrentan situaciones similares en Argentina.
La voz de la familia Rey
Rodrigo Rey, ex arquero de Gimnasia y actual jugador de Independiente, compartió en redes sociales la emoción de su familia tras conocer la sentencia. Junto a su esposa, María Laura Cáceres, agradecieron el respaldo judicial y remarcaron que la lucha no era solo por sus hijos, sino por todos los niños que requieren educación inclusiva y sin barreras.
Impacto en el sistema educativo
El caso expone la tensión entre instituciones privadas y el derecho constitucional a la educación inclusiva. La Justicia dejó en claro que ningún colegio puede negar matrícula por razones vinculadas a la discapacidad, y que hacerlo constituye una violación a los derechos de los niños y niñas .
Especialistas en derecho educativo señalan que este fallo podría convertirse en una jurisprudencia de referencia para futuros litigios, reforzando la obligación de las escuelas de adaptar sus prácticas y garantizar igualdad de oportunidades.
Un precedente con alcance nacional
Más allá de La Plata, el fallo repercute en todo el país: abre la puerta a que familias con hijos diagnosticados con TEA encuentren respaldo judicial frente a prácticas excluyentes. La sentencia se inscribe en un contexto de creciente demanda por políticas públicas de inclusión escolar, y coloca a la Justicia como garante de derechos fundamentales.
