La complejidad del proyecto y sus implicancias han llevado a la oposición a pedir más tiempo para su análisis. Durante la última sesión de la Comisión de Planeamiento, concejales de la UCR, PRO y La Libertad Avanza plantearon cuestionamientos técnicos y propuestas de modificación.
El proyecto impulsado por el intendente Julio Alak para regularizar aproximadamente 450 loteos ilegales en la ciudad deberá aguardar al menos una semana más para su tratamiento en el Concejo Deliberante. Los bloques de la oposición, encabezados por la UCR y sectores de Juntos por el Cambio, solicitaron este martes un cuarto intermedio en la discusión, argumentando la necesidad de un análisis más profundo del articulado y la incorporación de posibles modificaciones al texto original. La iniciativa, que busca ordenar el crecimiento urbano y resolver un conflicto que afecta a miles de familias, sigue generando debates y tensiones en el ámbito político local.
Un plan ambicioso para ordenar el caos urbano
El proyecto, presentado por el Ejecutivo municipal, se enmarca en un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y un Programa de Tratamiento Administrativo de Loteos Ilegales. Según datos oficiales, en La Plata existen unos 435 barrios irregulares –aunque estimaciones recientes elevan la cifra a 450– construidos sin habilitación desde 2013, con un total aproximado de 6.800 viviendas. La propuesta establece criterios técnicos y ambientales para regularizar aquellos desarrollos que cumplan con requisitos urbanísticos, mientras que los loteos en zonas inundables, rurales productivas o sin servicios básicos quedarían sujetos a evaluaciones más exhaustivas.
El plan contempla una nueva zonificación del suelo (urbana, periurbana y rural), la protección de áreas de riesgo hídrico y la creación de un Banco Municipal de Inmuebles para resolver problemas dominiales. Además, los barrios que logren regularizarse tendrán un plazo de 60 días para cumplir con las exigencias, como la cesión de espacios públicos y la presentación de estudios hidráulicos. “El objetivo no es punitivo, sino correctivo. Queremos ordenar la ciudad sin pasar la topadora”, aseguró la concejala Cintia Mansilla, presidenta de la Comisión de Planeamiento, en una reciente reunión informativa.
La oposición pide tiempo y cambios
Sin embargo, la complejidad del proyecto y sus implicancias han llevado a la oposición a pedir más tiempo para su análisis. Durante la última sesión de la Comisión de Planeamiento, concejales de la UCR, PRO y La Libertad Avanza plantearon cuestionamientos técnicos y propuestas de modificación. Entre los puntos más debatidos está la necesidad de limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en la aplicación de la norma, supeditando decisiones clave a la opinión del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), integrado por expertos de universidades y colegios profesionales.
El concejal Diego Rovella, presidente del bloque UCR, destacó la importancia de incluir en el proyecto un programa de integración sociourbanística para asentamientos precarios y tomas de tierras, especialmente en zonas de riesgo hídrico como la megatoma de Los Hornos. “No se trata solo de regularizar loteos, sino de garantizar soluciones reales para quienes viven en condiciones vulnerables”, afirmó Rovella en declaraciones periodísticas. Asimismo, la oposición señaló errores técnicos en el articulado, como la derogación de normas que afectan proyectos estratégicos, como el Polo Electoral en Meridiano V o la fábrica de baterías de litio de la UNLP, los cuales el oficialismo prometió corregir.
Otro punto de fricción es el financiamiento de los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad) para los barrios que se regularicen, un aspecto que aún no está claro en el proyecto. “Queremos un texto que sea viable y no genere falsas expectativas”, señaló un edil de La Libertad Avanza, sumándose al pedido de postergación.
La urgencia de una solución
El pedido de la oposición llega en un momento crítico. El decreto 2514/24, que suspendió por 180 días las obras y trámites en los barrios irregulares, está próximo a vencer, lo que añade presión para alcanzar un consenso. El intendente Alak, consciente de la urgencia, prorrogó esta suspensión por 45 días adicionales, dando un margen para que el Concejo avance en la sanción de la ordenanza.
La problemática de los loteos ilegales no es nueva en La Plata. Desde 2015, durante la gestión del ex intendente Julio Garro, se aprobaron decenas de ordenanzas que habilitaron desarrollos urbanísticos sin la convalidación provincial, lo que derivó en una investigación judicial por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. El actual gobierno municipal busca revertir este “desorden territorial” con un enfoque que combine planificación sustentable y justicia social, pero el camino no será sencillo.
Voces de los vecinos y el impacto en la comunidad
Mientras el debate político continúa, miles de familias que habitan estos barrios viven en la incertidumbre. “Compramos de buena fe, pero ahora no sabemos si vamos a poder quedarnos o si nos van a sacar todo”, expresó María, vecina de un loteo en la periferia norte, en un comentario publicado en redes sociales. La regularización no solo implica cuestiones técnicas, sino también emocionales y económicas para quienes invirtieron sus ahorros en terrenos que, en muchos casos, carecen de servicios básicos.
El urbanista Leonardo Di Lorenzo, en su columna para Código Baires, advirtió que la cantidad de loteos irregulares podría ser incluso mayor a la estimada, alcanzando los 460. “Es un problema que sigue creciendo, y las soluciones deben ser integrales, no parches”, señaló. En este contexto, el rol del COUT y de organismos técnicos como la Autoridad del Agua y la UNLP será clave para evaluar la viabilidad de cada desarrollo.
¿Como sigue en el Concejo Deliberante?
Con el cuarto intermedio aprobado, la Comisión de Planeamiento retomará el debate la próxima semana, con la expectativa de que el oficialismo y la oposición acerquen posiciones. El Ejecutivo, por su parte, se muestra abierto a incorporar cambios, siempre que no desvirtúen el espíritu del proyecto. “Queremos una ciudad planificada, con reglas claras y respeto por el ambiente”, reiteró el secretario de Planeamiento, Sergio Resa, en una exposición reciente.
La sanción de esta ordenanza marcará un hito en la historia urbanística de La Plata, pero también pondrá a prueba la capacidad de los actores políticos para encontrar consensos en un tema que combina intereses económicos, sociales y ambientales. Mientras tanto, los platenses esperan respuestas concretas para un problema que lleva más de una década sin resolverse.
