En medio del debate por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, organizaciones sociales proponen que el Municipio destine el 15% de los fondos de desarrolladores a integrar villas y asentamientos precarios. ¿Será este el paso hacia una ciudad más justa o quedará en promesa?
En un contexto de creciente debate sobre el futuro urbanístico de La Plata, las organizaciones sociales agrupadas en el Consejo Local de Tierras y Hábitat elevaron una propuesta clave al Municipio: que el 15% de los recursos anuales recaudados por la plusvalía urbanística y otras tasas aplicadas a desarrolladores se destinen a la integración socio-urbanística de villas y asentamientos precarios. Esta demanda surge en medio de la discusión del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) y el plan para regularizar más de 450 loteos ilegales, un tema que ha tensionado el escenario político y social de la ciudad.
El anteproyecto del COU, impulsado por el intendente Julio Alak, busca ordenar el crecimiento urbano tras años de expansión descontrolada, marcada por loteos sin convalidación provincial. Según datos municipales, estos desarrollos irregulares duplicarían el espacio urbano actual, generando una demanda de infraestructura insostenible.
En este marco, el Consejo Local de Tierras y Hábitat reclama que la ordenanza incorpore modificaciones para garantizar un enfoque inclusivo. Entre sus propuestas, destacan la creación de un programa de integración sociourbanística para asentamientos en zonas de riesgo, como la megatoma de Los Hornos, y la relocalización de familias en áreas inundables.
La iniciativa de destinar el 15% de la plusvalía —reemplazada ahora por una contribución obligatoria sobre valorizaciones inmobiliarias— apunta a financiar obras de infraestructura, viviendas sociales y espacios públicos en los 129 barrios precarios registrados en La Plata, que albergan a unas 30.000 familias. Organizaciones como Techo subrayan que, sin políticas efectivas, la precariedad urbana podría agravarse.
El debate, que se desarrolla en la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, presidida por Cintia Mansilla, enfrenta presiones por el vencimiento del Decreto 2514/24, que suspendió 76 ordenanzas de rezonificación. La UCR, por su parte, insiste en incluir la regulación de tomas de tierras y medidas contra la urbanización en zonas de riesgo hídrico.
Con el respaldo técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y organismos provinciales, el Municipio apuesta a una ordenanza con vigencia de 15 años. Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que, sin un compromiso claro para redistribuir los recursos hacia los sectores más vulnerables, el plan podría perpetuar desigualdades. “Es urgente que la gobernanza local priorice un hábitat digno para todos”, reclamaron en el Concejo.
Mientras La Plata define su modelo de ciudad, la propuesta del 15% se presenta como un llamado a equilibrar el desarrollo urbano con la justicia social, en un momento clave para el futuro de miles de familias.