La gestión de Kicillof acusa al Gobierno nacional de maniobras para excluir a Aubasa de la licitación de rutas, en un conflicto que expone la disputa por el control de corredores estratégicos y el rol del Estado frente a las concesionarias privadas.
El gobierno bonaerense encendió las alarmas tras detectar modificaciones de último momento en los pliegos de la licitación nacional de concesiones viales. Según la denuncia oficial, esos cambios habrían tenido como objetivo impedir la participación de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), la empresa estatal que administra la red de rutas y autopistas en la Provincia.
Reclamo formal y pedido de veedores
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, confirmó que la Provincia envió una nota al Ministerio de Economía solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo —tanto nacional como provincial— para garantizar transparencia en el proceso. La acusación es directa: se alteraron las condiciones de la licitación en la recta final, generando sospechas sobre la intencionalidad de excluir a Aubasa.
Impacto en la región
La discusión no es meramente técnica. En La Plata y el Gran Buenos Aires, Aubasa gestiona corredores clave como la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2, vitales para la movilidad diaria y la economía regional. Una eventual exclusión de la empresa estatal abriría la puerta a concesionarias privadas, con consecuencias directas en tarifas, mantenimiento y control político sobre rutas estratégicas.
Lectura política
El planteo de Kicillof expone un nuevo capítulo en la tensión entre Nación y Provincia. La denuncia apunta a un trasfondo político: desplazar a una empresa pública bonaerense en beneficio de operadores privados. En un año marcado por la discusión sobre el rol del Estado en servicios esenciales, el caso de Aubasa se convierte en un test de poder y autonomía para la gestión provincial.
Escenario posible
Si la exclusión se confirma, la Provincia podría quedar relegada en la administración de corredores neurálgicos, con impacto en el bolsillo de los usuarios y en la capacidad de decisión sobre la infraestructura vial. La disputa promete escalar y convertirse en un tema de agenda política y judicial en las próximas semanas.
