La Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo régimen para cobrar el canon de agua y las tasas hídricas a los countries, barrios cerrados y conjuntos inmobiliarios privados que hasta ahora operaban sin los permisos correspondientes.
La medida, formalizada a través de la Resolución RESOC-2026-879-GDEBA-ADA, apunta a urbanizaciones que extraen agua y vuelcan efluentes sin haber regularizado su situación ante el organismo, y que en muchos casos administran esos servicios de manera autónoma, sin control estatal.
El esquema se apoya en la Ley Provincial N° 12.257, que regula el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en todo el territorio bonaerense, y complementa una resolución previa —la RESOC-2025-872-GDEBA-ADA— que había creado el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Ese registro fue el primer paso para identificar a quienes consumen agua subterránea o superficial sin permiso de explotación ni de vuelco. Ahora, con el nuevo régimen, la ADA avanza sobre el cobro efectivo a ese universo de urbanizaciones.
Qué deberán pagar los barrios privados
El nuevo esquema combina dos conceptos. Por un lado, el Canon por el Uso del Agua, que grava la extracción del recurso. Por otro, la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE), vinculada al control de los líquidos que esas urbanizaciones vuelcan al ambiente tras su uso. Ambos conceptos ya existían para otros usuarios del recurso hídrico, pero hasta ahora un sector amplio de barrios cerrados y countries quedaba fuera de ese circuito de control y cobro.
La actualización se enmarca también en el Decreto N° 3233/25, que modificó la fórmula de cálculo del canon para incorporar variables como la disponibilidad del recurso en cada zona, el tamaño del establecimiento y la categoría de usuario. Esto significa que el monto a pagar no será uniforme: dependerá de las características de cada desarrollo y de la región hídrica en la que esté emplazado.
Imágenes satelitales para estimar el consumo
El punto más novedoso del régimen es el método que usará la ADA para calcular cuánto debe pagar cada urbanización que no presentó información propia. En esos casos, el organismo recurrirá a imágenes satelitales y relevamientos técnicos para estimar el consumo de agua y la generación de efluentes, en lugar de depender exclusivamente de declaraciones voluntarias de los desarrolladores o consorcios.
Para esa estimación, la ADA tomará en cuenta variables como la superficie cubierta y la cantidad de unidades funcionales del barrio, el número estimado de habitantes, la presencia de piletas y espacios verdes parquizados, y la existencia de actividades no residenciales dentro del predio, como clubes house, canchas deportivas o locales comerciales. Estos datos se actualizarán de manera periódica, lo que habilita a la Provincia a ajustar el cobro si un desarrollo crece o cambia su uso del suelo con el tiempo.
Un sector que crece y queda bajo la lupa
La medida llega en un contexto de expansión sostenida de countries, barrios cerrados y clubes de campo en el territorio bonaerense, muchos de los cuales gestionan de forma privada sus propios sistemas de provisión de agua y tratamiento de líquidos cloacales. Esa autogestión, frecuente en urbanizaciones que se desarrollaron fuera de las redes de servicios públicos tradicionales, había quedado durante años sin un esquema claro de control por parte del Estado provincial.
Con el nuevo régimen, la ADA busca equiparar las obligaciones de estos desarrollos con las de otros grandes usuarios del recurso hídrico, como establecimientos industriales o agropecuarios, que ya están alcanzados por el canon y las tasas de inspección. La resolución no afecta a las urbanizaciones que ya cuentan con permisos vigentes de explotación y vuelco, sino que apunta específicamente a las que operan de manera irregular o no declarada.
El impacto en la región de La Plata
La zona de La Plata y su periferia —con una alta concentración de countries y barrios cerrados en localidades como City Bell, Gonnet, Abasto y zonas linderas al casco urbano— integra justamente uno de los corredores con mayor crecimiento de este tipo de urbanizaciones en los últimos años. La extensión del nuevo régimen de cobro y control satelital alcanza, por lo tanto, a buena parte de los desarrollos que rodean a la capital bonaerense, muchos de los cuales gestionan sus propios pozos de agua y plantas de tratamiento de efluentes sin haber tramitado los permisos que ahora exige la ADA.
