En medio de las tensiones salariales con los gremios estatales, el gobernador Axel Kicillof oficializó la creación de una bonificación destinada a los trabajadores públicos que cuenten con título universitario de grado. El beneficio busca frenar la fuga de profesionales del Estado y mejorar las condiciones laborales en sectores clave de la administración bonaerense.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 641/25 y establece la “Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función” (BTU). Está dirigida al personal comprendido en el régimen de la Ley 10.430 —tanto de planta permanente como temporaria— que se desempeñe en el agrupamiento profesional, y que cuente con un título oficial vinculado a las tareas que realiza.
El nuevo extra representa un incremento del 115% sobre el sueldo básico, aunque se aplicará en forma escalonada en cinco tramos:
- 23% desde el 1° de mayo de 2025
- 46% desde el 1° de agosto de 2025
- 69% desde el 1° de noviembre de 2025
- 92% desde el 1° de febrero de 2026
- 115% desde el 1° de mayo de 2026
El pago será mensual, remunerativo y no bonificable, y exigirá que los títulos estén oficialmente reconocidos, legalizados y acrediten incumbencia directa con las funciones desempeñadas.
Además del personal regido por la Ley 10.430, la bonificación también se extenderá —aunque con un porcentaje menor, del 25%— al personal de Gabinete y a los secretarios privados, en un esquema de aplicación distinto.
Desde la Gobernación explicaron que el objetivo es frenar la rotación del personal profesional y promover la permanencia de capacidades técnicas dentro del empleo público. También se apunta a incentivar el desarrollo educativo y atraer nuevos perfiles profesionales al Estado.
El anuncio ocurre en un momento clave para la provincia, con negociaciones paritarias abiertas y una creciente presión gremial por la pérdida del poder adquisitivo. En ciudades como La Plata, donde se concentra buena parte del empleo público bonaerense, la medida puede tener un impacto directo en la estabilidad de equipos técnicos y en la mejora de servicios estatales.
