La Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ley que busca poner límites al uso de pantallas en los primeros años escolares y concientizar sobre los efectos nocivos de la exposición excesiva a dispositivos electrónicos en la infancia. La medida se suma a una tendencia que ya aplican otras provincias y que apunta a mejorar la calidad educativa frente a un escenario marcado por la pérdida de atención en las aulas.
Una ley para la infancia y la educación
La iniciativa, impulsada por el senador Emmanuel Santalla (kirchnerismo) y la senadora Lorena Mandagarán (GEN), promueve campañas de difusión destinadas a familias y comunidades educativas sobre los riesgos de la exposición temprana a las pantallas. La normativa alcanza a niños y niñas de hasta 12 años y busca instalar un uso responsable de la tecnología desde la infancia.
“Con esta ley no hablamos de prohibir la tecnología, sino de organizar su uso y ponerla al servicio del aprendizaje”, sostuvo Santalla. El legislador destacó que el objetivo es que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza y desarrollo integral, donde la tecnología sea una herramienta y no una distracción.
El impacto en las aulas: datos preocupantes
Las estadísticas refuerzan el debate. Según el informe PISA 2024, Argentina encabeza el ranking mundial de distracción en clase: más de la mitad de los estudiantes de 15 años admite perder concentración por el uso de celulares propios o de sus compañeros.
En territorio bonaerense, el 54% de los alumnos reconoce distraerse durante la jornada escolar, con efectos directos sobre la atención, el desarrollo del lenguaje y la capacidad emocional. Además, los resultados del Operativo Aprender 2024 evidencian que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en Matemática, un dato que revela la necesidad de reducir interferencias y fortalecer la enseñanza.
El debate en secundaria
El tema no se limita al nivel primario. En julio, la comisión de Educación de la Cámara baja avaló otro proyecto, presentado por el diputado Martín Rozas (Unión Renovación y Fe), que busca restringir el uso de celulares en escuelas secundarias de gestión estatal y privada.
La propuesta de Rozas establece que los dispositivos solo podrán usarse cuando estén integrados a proyectos pedagógicos, autorizados por las autoridades del establecimiento o incluidos en los diseños curriculares. Entre los argumentos, se subraya que el uso constante de celulares fragmenta la atención, dificulta la participación en clase y fomenta conductas como el ciberbullying.
Aunque el proyecto recibió respaldo oficialista, algunos legisladores radicales advirtieron que ya existen normativas en la provincia que regulan este aspecto.
Un escenario nacional en transformación
La Provincia de Buenos Aires no está sola en esta política. La Ciudad de Buenos Aires lleva más de un año con una resolución que limita el uso de celulares en las aulas y que, según el Ministerio de Educación porteño, arrojó resultados positivos.
Neuquén avanzó con la Ley N° 3520, que prohíbe celulares en niveles inicial y primario y restringe su uso en secundaria a fines pedagógicos. En Salta, la Ley N° 8474 también establece prohibiciones generales, con excepciones bajo autorización docente. Con esta nueva normativa, la provincia bonaerense se convierte en la tercera en sumar regulaciones estrictas sobre pantallas en las escuelas.
El desafío en clave local
En ciudades como La Plata, donde conviven grandes polos educativos y un creciente acceso a dispositivos desde edades tempranas, la implementación de esta ley abrirá un debate clave: cómo equilibrar tecnología y aprendizaje en un contexto donde los resultados académicos vienen mostrando retrocesos. La discusión trasciende la normativa: plantea un cambio cultural que involucra a docentes, familias y estudiantes.
